Vecinos de Valencia se rebelan contra los bajos turísticos por el uso de su piscina: «Jamás lo aceptaremos»
Los propietarios del residencial privado Nicet Patraix denuncian que los apartamentos tienen las 24 licencias «caducadas desde mayo» y exigen «la revocación inmediata»
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Valencia
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Iniciar sesiónAlgunos barrios de Valencia viven un creciente malestar vecinal por la proliferación de apartamentos turísticos. Cada vez más, los residentes denuncian que la saturación de este tipo de alojamientos no solo encarece y reduce la oferta de vivienda disponible en la ciudad, sino ... que también erosiona la convivencia en los barrios.
Este es el caso de la Comunidad de Propietarios de Residencial Nicet Patraix, formada por 147 familias, quienes han denunciado mediante un comunicado la presión que están sufriendo por parte de la promotora de los 24 pisos turísticos que están ubicados en los bajos de su edificio, para que los turistas accedan a las zonas comunes. Además, según indican, dichas licencias estarían caducadas desde mayo.
Por ello, el vecindario afectado del barrio valenciano exige a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo «la revocación inmediata» de lss 24 licencias turísticas «ya caducadas» en los bajos del complejo, al tiempo que denuncian las «presiones de la promotora».
Según detalla la comunidad de propietarios en un escrito, las licencias estaban solicitadas por la anterior propietaria Axis en marzo y abril de 2025, no obstante, «caducaron en mayo y junio al no iniciarse la actividad en el plazo máximo de dos meses que establece la Ley 15/2018 de Turismo». Pese a ello, los vecinos del complejo denuncian que siguen figurando como vigentes en el registro autonómico, «lo que ha permitido su comercialización irregular en plataformas como Airbnb y Booking.com».
Al parecer, el actual propietario, MContigo, adquirió los locales a Axis en febrero y marzo de 2025, «ignorando que desde mayo de 2024 la comunidad había aprobado, con más del 98 por ciento de los propietarios, una modificación estatutaria que prohíbe expresamente el uso turístico en dichos inmuebles», lamentan desde la comunidad de vecinos.
Sin embargo, la nueva normativa de pisos turísticos del Ayuntamiento de Valencia aprobada el pasado mes de enero, recoge específicamentee que los bajos no podrán ser utilizados como pisos turísticos si la comunidad de vecinos los rechaza. Además, también detalla que el acceso tiene que ser independiente al del resto de vecinos, lo que tampoco sería compatible con la exigencia de compartir las zonas comunes con el resto de propietarios.
Además, los vecinos del complejo insisten en que no comunicaron la adquisición hasta agosto, momento desde el que supuestamente están presionando a la comunidad para que los turistas que pernoctan en los inmuebles accedan a las zonas comunes, tales como piscina, gimnasio, sala de estudios y zona infantil, a pesar de que los locales carecen de acceso directo desde la vía pública.
Por ello, el presidente de la comunidad, Miguel Roig, denuncia que «es inadmisible la presión que está ejerciendo MContigo y su administrador sobre Nicet Patraix. Pretende que cualquier turista pueda entrar en nuestra piscina o en nuestro gimnasio. Jamás aceptaremos». Así, Roig recuerda que «además de la caducidad de las licencias, los locales incumplieron la normativa al no tener suministro eléctrico durante meses y carecer de conexión a internet», requisitos básicos según la ley autonómica.
Ante esta situación, la Comunidad de Nicet Patraix ha solicitado la revocación de las 24 licencias turísticas «caducadas», con la «depuración del registro autonómico, evitando que licencias vencidas figuren como vigentes, que el Ayuntamiento de Valencia actúe de inmediato e imponga sanciones por la comercialización ilegal y se fomenten los mecanismos de coordinación entre administraciones para proteger la convivencia vecinal y la seguridad jurídica».
En esta línea, el presidente de la comunidad ha aseverado que «no se puede mantener la ficción de que estas licencias están en vigor»y ha solicitado «explicaciones públicas y medidas efectivas tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento», a los que también demandan «protección como ciudadanos del Cap i Casal».
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