«No le van a entender»: un paciente denuncia a un hospital porque los médicos hablaban sólo en castellano

Al calor de este nuevo episodio de supuesta vulneración idiomática, la entidad habitual perceptora de subvenciones por parte de la Generalitat de Cataluña y del anterior Ejecutivo autonómico valenciano presidido entonces por el socialista Ximo Puig, intensifica la presión para implantar el requisito lingüístico para los sanitarios, una medida que nunca llegó a materializarse entre las discrepancias entre los pretéritos socios de gobierno (PSPV y Compromís).

Ahora, el Consell que preside Carlos Mazón aboga porque el valenciano puntúe como un mérito a la hora acceder a un puesto público en el área de la Sanidad, rebajando su impacto para que no esté por encima de la formación académica. «Queremos que los médicos que atiendan sean los mejores formados, los que más sepan y los que más experiencia tengan», concretaba hace un par de semanas el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Respecto al caso denunciado por Plataforma per la Llengua, un usuario del Hospital de Manises asegura haber sufrido una presunta vulneración lingüística al ser atendido por médicos que sólo hablaban castellano y que no podían garantizarle su derecho a ser recibido en valenciano. Señala que la jefa del servicio de Urgencias le insistió en que «no tenían por qué saber valenciano, ni aquí ni en ningún otro sitio».

Los hechos relatados ocurrieron en dos días consecutivos. El primero, después de no poder dirigirse a ningún facultativo en su lengua materna, decidió marcharse. Volvió al día siguiente y grabó la conversación que ahora hace pública la 'ONG del catalán'. En la misma, la sanitaria expone que «no tiene ninguna obligación de hablar en valenciano», a lo que el paciente contesta que sólo quiere expresarse en esta lengua y que no hacía falta que le contestaran con ella, algo que consiguió después de discutir varios minutos sobre si se trataba o no de una discriminación lingüística.

Tras ello, Plataforma se ha personado como asesor jurídico del paciente y ha elevado una queja al director general del centro hospitalario para que abran una investigación interna y tomen las medidas que consideren oportunas en el caso de apreciar una posible infracción. Destaca además que el hospital de Manises «no sólo vulnera los derechos lingüísticos en la atención individualizada sino que, además, no dispone de una versión en valenciano de su web y el uso que se refiere a las redes sociales es residual».

Por su parte, el hospital asegura que estudiará la queja presentada y alega que sí disponía de una persona que entendía y sabía expresarse en valenciano, pero que no pudo atender al paciente en ese mismo momento por una emergencia.

Como medida de presión, la entidad subvencionada por el Gobierno de Pere Aragonès publica cada año un informe sobre discriminaciones lingüísticas, en el que detalla diferentes casos registrados en múltiples áreas. De hecho, según el último detalle que ofrece, 42 de las 45 situaciones detectadas en la administración pública se habrían dado en el sector sanitario. En 2023, recibió 148 quejas en todo el dominio lingüístico en cuanto a la sanidad pública y 96 del sector privado.

En otras autonomías, como es el caso de las Islas Baleares, diferentes entidades de corte independentista han iniciado un movimiento para que los sanitarios se dirijan a sus pacientes en catalán aunque estos les respondan en castellano y cambiar de idioma, únicamente, en el caso de que los atendidos se quejen.