Valencia y Madrid se alían contra la okupación y el «intervencionismo» de la Ley de Vivienda de Sánchez

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en la reunión que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha mantenido con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, para tratar la situación del mercado de la vivienda en ambas comunidades y las políticas de gestión integral de cada institución en esta materia.

La Ley de Vivienda ha sido también otro asunto abordado en el encuentro, norma que ambos dirigentes han considerado «un fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez que genera incertidumbre», al tiempo que han reiterado su negativa a aceptar «injerencias» por parte del Estado en competencias autonómicas.

Camarero ha recalcado que «frente al intervencionismo del Gobierno de España», tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad Valenciana, «están trabajando en incrementar la oferta de vivienda para posibilitar la reducción de los precios».

En este sentido, ha explicado que hay dos formas de entender la política de vivienda, «una es la que apuesta por la construcción y aporta seguridad jurídica a los propietarios que quieren poner sus viviendas al alquiler, y es la que impulsan las comunidades de Valencia y Madrid; y otra, la del Gobierno de España, con una Ley de Vivienda que pretende marcar los precios del alquiler y que genera inseguridad y apoya más la ocupación que a los propietarios de esas viviendas que ponen en alquiler».

Ambas comunidades coinciden en el impulso de planes para la construcción de miles de viviendas, con el objetivo de revitalizar el mercado y de cubrir las necesidades de acceso de las personas jóvenes, los más afectado por la actual crisis habitacional actual.

Por ello, han invertido sus esfuerzos en la puesta en marcha del denominado Plan Vive, que en el caso de la Comunidad Valenciana se centra en la construcción de 10.000 viviendas durante la actual legislatura y en la creación de viviendas en alquiler asequible y con licitación en derecho de superficie, al igual que en Madrid. Sin embargo, una diferencia importante es que la Comunidad Valenciana también plantea la permuta de suelo por obra futura como una opción para fomentar el acceso a la vivienda.

«En la Comunidad Valenciana, gracias al Plan Vive, hay en estos momentos 1.600 viviendas en fase licitación», ha recordado la vicepresidenta, quien ha incidido en que «mejorar la oferta es la única vía para bajar el precio de la vivienda».

En cuanto a los impuestos, ambas comunidades cuentan tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con diversas bonificaciones, dependiendo del territorio, en las cuotas tributaria para la adquisición de viviendas por parte de jóvenes, familias monoparentales, familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género menores de 35 años en municipios pequeños.

Cabe destacar que, en la Comunidad Valenciana, el presupuesto de vivienda para 2025 tiene una partida específica destinada a ayudas a paliar los efectos de la dana, que incluye 50 millones de euros en ayudas al alquiler. También contempla dos planes especiales, uno para la adquisición de viviendas de protección pública dotado con 6 millones de euros y otro para vivienda industrializada y para la ampliación del parque público de vivienda protegida en municipios afectados por la dana que contará con 15 millones de euros, más la aportación de fondos europeos.

Las dos comunidades han implementado estrategias para combatir la ocupación ilegal de viviendas. En la Comunidad Valenciana, se han desarrollado líneas de compensación a los arrendadores afectados por la ocupación, así como medidas de reconversión de las oficinas de víctimas del delito para atender a los propietarios víctimas de usurpación. En Madrid, se ha puesto en marcha una plataforma de asistencia e información que proporciona apoyo legal y operativo a los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal.

Con estrategias y presupuestos adaptados a las características particulares de su territorio, tanto la Comunidad Valenciana como la Comunidad de Madrid coinciden en la necesidad de un enfoque integral para abordar el acceso a la vivienda, priorizando la construcción de vivienda asequible, el apoyo a los jóvenes y la lucha contra la ocupación ilegal, con propuestas y medidas que buscan dar respuesta a las necesidades de cada autonomía.

En materia de transportes, la vicepresidenta primera ha agradecido la ayuda que la Comunidad de Madrid ha prestado a zonas afectadas por la dana en la provincia de Valencia, que se materializó con el envío de 45 autobuses y 90 conductores del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que se trasladaron hasta Valencia para prestar servicio en las zonas afectadas donde Metrovalencia quedó interrumpido.

Además, esta ayuda no se ha dado por concluida y todavía permanecen en la zona unos 25 autobuses y más de 50 empleados. Por último, el corredor abierto entre Valencia y Madrid, así como el puerto de Sagunto y el puerto de Valencia, puertos de referencia para Madrid, ha sido otros los puntos que ambos dirigentes ha tratado durante el encuentro.