Trece detenidos que suplantaban a una fundación para robar en contenedores de ropa donada en tres provincias

Se han localizado dos naves industriales que funcionaban como almacén logístico para la venta de la ropa robada. Se calcula un perjuicio económico de más de un millón de euros y más de 300 toneladas de ropa sustraída.

La investigación se inició en el mes de junio del pasado año a raíz de una denuncia en la que el responsable de una fundación, dedicada a la inserción social de personas en riesgo de exclusión, daba cuenta de un gran número de robos.

Los agentes tuvieron conocimiento que las sustracciones se producían sin dañar ni forzar los contenedores, sospechando que los autores empleaban llaves obtenidas de modo ilegítimo para cometer los robos. Los hechos delictivos habían causado un grave perjuicio económico a la fundación que ponía en riesgo su labor social, estimando más de 360.000 kilos de ropa sustraída en contenedores de distintas poblaciones de la Comunitat, valorados aproximadamente en un millón de euros.

Los investigadores del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, lograron identificar a varios individuos, que a bordo de furgonetas de alquiler, se hacían pasar por empleados de dicha fundación, vistiendo ropa de trabajo para pasar inadvertidos entre los transeúntes, llevando a cabo los robos tanto en horas diurnas como nocturnas.

Durante las vigilancias realizadas, se comprobó que los investigados disponían de llaves especiales para la apertura de las cerraduras, observando cómo cometían continuos robos durante varias horas en numerosos contenedores instalados en diferentes localidades de las comarcas valencianas de l'Horta Nord, Horta Sud, Camp de Túria, La Ribera y la Safor, pero también en Valencia capital y localidades de la provincia de Castellón y Alicante. Para ello realizaban trayectos diarios, e incluso varios en el mismo día.

En la primera fase de la investigación, los agentes comprobaron que los ahora detenidos, una vez cargaban al máximo el furgón de alquiler, se dirigían a la localidad de Ontinyent, donde realizaban un pesaje en una báscula, acudiendo a continuación a una nave industrial ubicada en una localidad de la comarca de la Vall d'Albaida, donde descargaban la ropa sustraída.

Tras las indagaciones policiales, se llevó a cabo un registro en el interior de la nave, comprobando que se trataba de un centro logístico preparado para su receptación. Allí localizaron a ocho trabajadores tratando de ocultarse entre los montones de ropa. La empresa contaba con puestos de trabajo, preparados para la selección de la ropa, y con maquinaria industrial: dos máquinas elevadoras, una báscula y una empaquetadora-flejadora.

Asimismo, se detuvo al empresario que lideraba la actividad de receptación y distribución de la ropa, quien empleaba a los trabajadores. Todos ellos carecían de contrato laboral y medidas de seguridad, encontrándose algunos indocumentados y en situación administrativa irregular. Este empresario disponía de un entramado societario que utilizaba para dar salida a la ropa robada a otros países.

En el momento de las detenciones, se intervino una furgoneta cargada con cerca de 2.000 kilogramos de ropa sustraída, que fue entregada a la fundación perjudicada, estando valorados los efectos en casi 6.000 euros. Además, también se recuperaron múltiples toneladas de ropa sustraída, maquinaria industrial, así como llaves utilizadas para robar en los contenedores de ropa. También se incautaron otros tres vehículos, dos furgonetas y un vehículo de alta gama, utilizado por el líder de la empresa receptadora.

En una segunda fase de la investigación policial, los agentes localizaron otra nave en la localidad valenciana de Alzira, donde los investigados almacenaban la ropa sustraída diariamente de los contenedores. Tras registrar la misma, los investigadores hallaron e intervinieron 200.000 kilos de ropa sustraída, así como una furgoneta cargada con unos 2.000 kilos de ropa, que fue devuelta a la fundación propietaria de la misma.

La operación policial se saldó con la detención de un total de 13 personas como presuntas responsables de los delitos de robos con fuerza. A once de ellos se les considera también responsables de un delito de receptación, y también se le imputa al empresario un delito contra los derechos de los trabajadores y a uno de los autores materiales de los robos, reclamación judicial, al constarle vigente una orden de ingreso en prisión.