A través de este intermediario principal, se conseguían informes favorables que se pagaban a entre 250 y 400 euros para poder circular sin problemas dentro de la legalidad, a pesar de que algunos de los vehículos tenían fallos graves que podían poner en riesgo a otros conductores.
Entre los cómplices de este lucrativo engaño a gran escala había también empleados de la estación de una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la localidad murciana de Santomera, a unos 35 kilómetros de distancia de Crevillent, donde los investigadores también han destapado el fraude en dos empresas de compra-venta de vehículos de ocasión.
En el caso del servicio de revisión oficial, participaban del fraude especialistas cualificados, directores técnicos e ingenieros, que firmaban los informes con los que los beneficiarios del engaño podían hacerse con el distintivo V-19, por lo que están investigados como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
Entre los 56 detenidos en total, en varias intervenciones durante la operación, hay arrestados de media docena de nacionalidades -españoles, franceses, marroquíes, argelinos, senegaleses y palestinos- de edades comprendidas entre los 22 y los 67 años.
Del interés que suscitaba esta trama da una idea que acudían dueños de vehículos de diferentes provincias para regularizar la situación con estos medios ilícitos, un auténtico peregrinaje descubierto por la Policía Nacional tras meses de pesquisas.
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