Tráfico de cadáveres sin familia por 1.200 euros en Valencia e incineraciones compartidas tras su paso por la universidad

Sin embargo, esas cremaciones no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por las incineradoras. Al parecer, la trama aprovechaba que los cadáveres estaban desmembrados y los introducían en otros féretros. En una cremación incineraban varios cuerpos, ahorrando costes, pero seguían cobrandolas a la universidad, aumentando sus beneficios.

En la operación 'Thanatos' se detuvo a los dos responsables de la empresa y a otros dos trabajadores como presuntos autores de un delito de estafa. A los empleados, que fueron despedidos, también se les investiga por falsedad documental. Todos ellos quedaron en libertad. Buscaban muertos, preferiblemente extranjeros y sin familia o con condiciones de vida precarias, para asegurarse de que nadie pudiera destapar estas irregularidades.

El negocio estaba en la cantidad que se fijaba para los trámites ante las autoridades, el transporte y la retirada de los cuerpos, pero sobre todo en la incineración posterior tras finalizar el uso académico. Las diligencias las asumió el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia.

La retirada de un cadáver de la morgue del Hospital La Fe, a principios de 2023, hizo saltar las alarmas. Los trabajadores de la funeraria habrían falsificado el libro de registro y la documentación del fallecido facilitada al Registro Civil para trasladar el cuerpo a la Universidad CEU Cardenal Herrera, en vez de darle sepultura. Una operación realizada sin consentimiento de nadie por la que la red criminal habría recibido casi 1.200 euros en concepto de gestión.

El hombre tenía que haber sido enterrado en el municipio valenciano en la que residía, en un sepelio de beneficencia abonado por el Ayuntamiento. La universidad privada confirmó ayer que tuvo conocimiento de las irregularidades en enero del año pasado, en el marco de la investigación policial, y puso a disposición de los agentes la documentación relativa al cadáver y a todas las donaciones tramitadas con esta funeraria.

La institución académica «únicamente sufraga a la funeraria los gastos de traslado y cremación de los cuerpos». Una forma de operar habitual que confirmaron también las otros dos centros que ofrecen estudios de Medicina en la ciudad, la Universitat de Valencia y la Universidad Católica.

De hecho, la legislación vigente prohíbe comercializar con órganos y cadáveres y rechaza cualquier compensación económica para garantizar el altruismo en todas las donaciones voluntarias post-mortem. Además, fuentes sanitarias señalan que en los últimos años han notado un aumento de los cuerpos donados a la ciencia por el incremento de los costes de los sepelios.

Los investigados repitieron el mismo modus operandi con otro difunto. En ese caso, un hombre ingresado en una residencia de ancianos autorizó la donación de su cuerpo tres días antes de fallecer. Sin embargo, los investigadores han constatado que sufría un deterioro cognitivo severo, por lo que sus capacidades mentales no le habrían permitido entender las consecuencias de su decisión.

El documento firmado indicaba que el cadáver sería remitido a una facultad, aunque finalmente fue llevado a otra que pagaba más dinero por las gestiones. Algo que consiguieron engañando al personal sanitario para que firmara el cambio de destino del cuerpo.