Un jefe de Emergencias sostiene que la CHJ envió datos de barrancos sin advertir de su peligro el día de la dana

Pero ha recalcado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era quién tenía las herramientas para interpretar los datos de precipitaciones o caudales de ríos para poder entenderlos y advertir de la magnitud de la catástrofe: «Una cosa es que llueva y otra cosa es que el río lleve agua. ¿Cuánta agua lleva? ¿Qué peligrosidad tiene? Por que a ti te dicen, el río lleva 20 metros cúbicos. ¿Qué tendencia? ¿Qué evolución tiene? Eso sólo pueden analizarlo ellos».

Así lo ha explicado este viernes este funcionario -que no participó en la gestión de al emergencia el 29 de octubre- durante su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, según han indicado a ABC fuentes presentes.

En una constante que se ha repetido en otras comparecencias. Emergencias tenía los datos de caudal del barranco del Poyo cada cinco minutos a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y recibió un correo de la CHJ a las 18.43 horas advirtiendo del brutal aumento de la rambla (1.638 metros cúbicos por segundo y subiendo) frente a una anterior comunicación, a las 16.13h, en la que se hablaba de un caudal de 28,7 en descenso.

Pero ni se supo interpretar ni se trasladó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el organismo que lideraba la crisis- porque ya había varios representantes de la Confederación siguiendo el encuentro de forma telemática. Todos los ojos estaban puesto en la posible rotura de la presa de Forata. La magistrada se ha negado a investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, pero sí le ha citado a declarar como testigo.

Por otra parte, el técnico considera que debía haberse decretado el nivel 3 -emergencia nacional-, como ocurrió en el apagón, que habría trasladado la dirección de la emergencia al Ministerio del Interior. Pero ni la Generalitat ni el Gobierno de Pedro Sánchez lo pidieron. En ese sentido, ha sostenido que el presidente autonómico, Carlos Mazón, tenía la potestad de declarar la emergencia catastrófica, que le hubiera otorgado el mando de la situación.

Al respecto, fuentes de la Generalitat han defendido, en un comunicado, que se trata de una «figura vacía» porque «no existe ningún reglamento que la desarrolle, no existe procedimiento para su declaración» y tampoco añade competencias o recursos a los que ya establece el nivel 2. «No cambiaría nada», aseveran, sobre un aspecto recogido en la ley autonómica de Protección Civil y Gestión de Emergencias, aprobada en 2010 y modificada en 2021.