Según ha anunciado la asociación Hablamos Español, este fallo judicial que se hizo público el pasado mes de julio tiene consecuencias desde el punto de vista de que «también afecta a la libertad lingüística», en sentido positivo para sus posiciones y reivindicaciones de que los alumnos y las familias puedan elegir.
«Usaban los ámbitos para enmascarar la inmersión y para sortear nuestra reclamación de asignaturas en español», ha difundido esta entidad que preside Gloria Lago en sus redes sociales, por considerar que esta estrategia de ligar asignaturas escondía una estrategia para potenciar un idioma en detrimento del otro.
En el meollo de esta cuestión se encuentra la lengua vehicular en la que se imparten las materias, no el aprendizaje del valenciano y el castellano, sino del resto de contenidos del plan de estudios.
Una imposición rechazada también por UGT y OCRE
La sentencia a la que alude del TSJCV rechazó la «imposición» que desde el anterior gobierno del tripartito de la Generalitat Valenciana -con el socialista Ximo Puig al frente y Compromís dirigiendo la Conselleria de Educación- se aplicaba a los centros educativos, tal como sostenía el sindicato de profesionales de la enseñanza ANPE, que llevó el caso a los tribunales.
Otras centrales como UGT y también el Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE) celebraron igualmente el fallo que atendía parcialmente este contencioso-administrativo por dejar libertad a cada centro para diseñar su modelo educativo.
En la esencia, el TSJCV entendió que la obligación de acatar estos ámbitos y proyectos interdisciplinares no garantizaba la «calidad» deseable de la enseñanza y ponía como ejemplo que un profesor de filosofía tal vez no demostrara su aptitud para impartir matemáticas, al no contar en su colegio o instituto con la autonomía para preparar el reparto de horas de clase en función de su personal disponible.
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