Salomé Pradas, la consellera lastrada por sus contradicciones en la gestión de la DANA en Valencia

Salomé Pradas (Castellón de la Plana, 1978) se licenció en Derecho en la Universitat Jaume I de Castellón, donde ejerció como abogada y profesora en paralelo a una carrera política ligada al Partido Popular como concejala, senadora y diputada autonómica, llegando a ocupar la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat, antes de aterrizar en el Consell de la mano de Carlos Mazón. Cuando el presidente formó su primer Ejecutivo tras ganar las elecciones del 28M, el pacto de gobierno firmado con Vox entregó a los de Santiago Abascal la Conselleria de Justicia e Interior, de la que depende la gestión de las Emergencias. Una vez que, este pasado julio, abandonaron el Gobierno valenciano por orden de la dirección nacional, dichas competencias fueron trasladadas a Pradas, dado su perfil jurídico, aunque siempre existieron dudas sobre su figura.

Fuentes de su propio partido y del Ejecutivo autonómico señalan que la tragedia de la DANA la ha superado por completo y hacen especial incidencia en su «inacción» durante las primeras horas de la gestión, en las que no tomó a tiempo las decisiones oportunas pese a ser la delegada de Mazón para representar a la Generalitat en la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), convocado a las cinco de la tarde del 29 de octubre después de que la zona de Requena y Utiel ya hubiera sufrido importantes episodios de lluvia e inundaciones.

Una de las principales críticas dirigidas al papel determinante de Salomé Pradas durante los momentos más críticos de la riada fue la tardanza a la hora de poner en marcha el sistema de envío de alerta masiva Es-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la provincia de Valencia, dispositivo que, según confesó en unas declaraciones a la televisión pública À Punt, conoció porque un técnico les recordó su existencia y posible uso en este tipo de emergencias de acuerdo con un protocolo aprobado en el año 2022.

La consejera aseguró en pleno revuelo que todas las medidas adoptadas en la fatídica jornada, incluida esa alerta, se tomaron por «decisión unánime» del Cecopi, en el que estaba presente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que afeó no avisar de la crecida de la Rambla del Poyo hasta las 18.43 horas, cuando «ya era demasiado tarde» porque se había desbordado tras cuadriplicar el caudal del Ebro. Pese a todo, defendió que en aquellas horas se utilizaron otras vías para advertir a la población del riesgo de inundaciones por la DANA. No obstante, el aviso llegó a la ciudadanía a las 20.11 horas, cuando el torrente de agua ya había alcanzado muchos pueblos de la Horta Sud.

También le achacan que reuniera a su equipo a mediodía del 29 de octubre, pero que no convocara a los miembros del Cecopi hasta las cinco de la tarde. Además, Pradas negó que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, le hubiera ofrecido activar a la agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) -algo que solicitó pasadas las dos de la tarde, sólo para la zona de Utiel- en varias conversaciones telefónicas durante esa mañana. Sin embargo, en unas imágenes grabadas por Televisión Española a las 12.45 horas se podía escuchar a la consellera contando a sus colaboradores que le habían ofrecido activar al cuerpo militar.

Todo ello provocó que el Gobierno de Mazón la fuera apartando poco a poco de las intervenciones públicas relativas a la DANA, poniendo en el foco a la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touris, con un perfil más técnico y con una experiencia demostrable en situaciones de emergencias, dada su trayectoria en la Guardia Civil. Así, junto a la consellera de Turismo, Nuria Montes, queda fuera del nuevo Ejecutivo valenciano que enfoca a partir de ahora una tercera etapa vinculada desde todas sus áreas a la recuperación tras la catástrofe.