Rovira: «La ministra Morant vulnera la LOSU y el Estatut al querer dar al Estado competencias de Universidades que son autonómicas»

La Generalitat Valenciana ha presentado este viernes ante el Ministerio su informe de alegaciones al proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, relativo a la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como a la acreditación institucional.

El conseller ha manifestado su «preocupación por la vulneración del marco constitucional y estatutario», alertando de una invasión de competenciasautonómicas exclusivas por parte del Estado central.

En particular, desde la Conselleria se rechaza la nueva definición de «universidades de especiales características» que, por su modalidad docente virtual o híbrida, quedarían automáticamente bajo tutela y supervisión del Gobierno, contraviniendo lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y las leyes de creación de universidades autonómicas.

El informe subraya que esta nueva redacción supondría que universidades ya existentes y legalmente reconocidas por Les Corts, como la Universitat Internacional Valenciana (VIU), pasen a depender del Ministerio, vulnerando el principio de autonomía organizativa y las competencias reconocidas a la Generalitat Valenciana en el artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía, así como la propia ley 7/2008 de autorización de la VIU, ha explicado.

«No podemos aceptar que una norma reglamentaria pretenda atribuir al Estado competencias que son exclusiva de las Comunidades Autónomas. Desde la Generalitat defenderemos un modelo basado en la calidad, la equidad y el respeto a la legalidad y al autogobierno», ha continuado Rovira.

El conseller ha criticado, asimismo, que la modificación que pretende Diana Morant «sea a la carta». Así, ha denunciado el establecimiento «de excepciones arbitrarias», como las contempladas en la Disposición Adicional Quinta del proyecto, que eximen a determinadas universidades privadas de cumplir con requisitos básicos si se rigen por precios públicos, «lo cual genera desigualdad, rompe la coherencia normativa y compromete la calidad del sistema universitario». «En otras palabras, afectaría a universidades como la VIU, pero en cambio deja fuera a la Universitat Oberta de Catalunya, en una nueva cesión del Gobierno de Sánchez», ha añadido.

Rovira ha señalado que la Generalitat solicita la eliminación del concepto generalizado de universidad de especiales características tal y como se define en el proyecto, la retirada de las exenciones introducidas y el reconocimiento efectivo del papel de las Comunidades Autónomas en la creación, control y supervisión del sistema universitario, tal como reconoce la Constitución Española y ha refrendado el propio Tribunal Constitucional.