Los regantes, ante el nuevo recorte al trasvase Tajo-Segura: «Pedro Sánchez cumple la amenaza y algo tenía que dar al vocinglero Page»

A su juicio, estas nuevas normas han sido «dictadas» por la exministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea.

«Llegó lo que sabíamos que iba a llegar cuando Pedro Sánchez cumplió su amenaza en 2023, la que hizo en Albacete un año antes de que iba a poner fin al Tajo-Segura, al menos para regadío. Llegó en 2023 con esa planificación del Tajo y ahora la puntilla se la pone el Ministerio», ha dicho Lucas en una rueda de prensa.

El representante de los regantes ha indicado que el trabajo realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase tiene por objetivo «no molestar a la población del Levante en el abastecimiento, mantener el nivel del agua lo más elevado posible en Entrepeñas y Buendía para favorecer las actividades lúdicas y recreativas del alto Tajo y acabar con algo en lo que no creen, que es el regadío y la ganadería». No en vano, hay un proyecto náutico y acondicionar como navegable un tramo de seis kilómetros en Toledo.

Ha señalado que con las nuevas reglas de explotación «desaparece el Nivel 3 desde prácticamente ya, desde el primer escalón de caudales ecológicos, para el regadío» y se «elevan las curvas de Nivel 2 para que sea más difícil entrar en él», mientras que el Nivel 1 «lo convierten en un sueño, en una quimera imposible de conseguir porque aumentan a 1.600 hectómetros cúbicos el almacenamiento necesario».

Ha denunciado la «muy poca o nula defensa» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, «que se tragó silenciosamente en el Consejo de Ministros de 2023 una reducción infumable del mejor regadío de Europa, el que se practica en Alicante, Murcia y en Almería».

En este punto, Lucas ha criticado al Gobierno central por no ofrecer alternativas reales, especialmente en desalación, lo que ha calificado de «indignante» y también de »el truco de las estampitas», que »era un billete falso».

Acerca de este recurso hídrico, ha argumentado que «la desalación que existe no cubre el golpe que le van a dar al regadío, y si existe, la poca que existe está aislada en la costa; no hay un duro bendito para fabricar más agua desalada». A su entender, las ideas que ahora surjan en el Plan de Cuencas de Segura «serán proyectos políticos para tapar la vergüenza del recorte practicado al trasvase y, lo que es lo mismo, a los intereses de más de tres millones de personas», en alusión al abastecimiento no sólo para el campo, sino también en los hogares.

Todo, ha dicho, «en beneficio único y exclusivamente de un líder político en Castilla-La Mancha -en referencia a su presidente, Emiliano García-Page-, que está desaforado en su ataque, ya casi roza lo personal hacia esta institución, y hacia unos usos recreativos y unos usos lúdicos» en el alto Tajo.

De hecho, desde el Gobierno autonómico castellanomanchego parecen haberle dado la razón, ya que han celebrado este miércoles este planteamiento ministerial. Es más, han advertido al Levante de que no se conforman con «este avance notable» y que «seguirán trabajando por conseguir lo mejor» para su región, la intención declarada desde hace años del fin de los trasvases. Sin ir más lejos, este miércoles lo ha exigido el Ayuntamiento de Toledo.

Así, la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha detallado que los planes del Gobierno de Pedro Sánchez contemplan una aplicación progresiva en tres fases, mediante la aprobación de tres reales decretos anuales, con el objetivo de alcanzar en 2027 un volumen trasvasable estimado de 193 hectómetros cúbicos.

Una cifra que dista mucho «de los 600 hectómetros a los que aspira el Levante» y supone una reducción del 50% respecto a los 320 hectómetros cúbicos que se han trasvasado de media en los últimos años, unas cifras que para nada se corresponden con las difundidas por los regantes, de algo más de 200 hm3.

Gómez ha destacado que Castilla-La Mancha llevaba «mucho tiempo esperando esta decisión» y que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha sido el «único» en presentar un documento propio con propuestas concretas.

«El Ministerio ha recogido buena parte de nuestras sugerencias, lo que reconocemos como un esfuerzo importante, aunque aún queda recorrido», ha señalado.

En cambio, el portavoz de los agricultores usuarios del acueducto tiene una visión bien distinta: «Lo que nos están diciendo es que las soluciones que se planteen las tenemos que pagar los regantes, y ya les advertí en una reunión que mi comunidad de regantes, a ese precio resultante, no quiere un metro cubito de agua. Si hemos de morir, moriremos honradamente, pero no empeñados», ha enfatizado.

El presidente de Scrats ha anunciado que la próxima semana convocará a las administraciones autonómicas y diputados de los partidos en la Región de Murcia, Alicante y Almería para «que se posicionen» porque las nuevas reglas «llevan un dardo envenenado, que es subir también el mínimo no trasvasable a 530 hectómetros cúbicos», lo que «llevará consigo la obligación de tramitar parlamentariamente las modificaciones legales a que haya lugar». Hasta ahora, ese umbral ha estado en 400 hm3, y se había subido hace más de un lustro desde 240 hm3.

«Tendrá que haber un compromiso por parte de los diputados de las distintas formaciones políticas de nuestras regiones muy claro, y así se lo vamos a pedir, en contra de cualquier votación que se produzca en sede parlamentaria en contra de los intereses de alicantinos, de murcianos y de almerienses», ha comentado Lucas, quien ha advertido que la situación será «nefasta» a partir de 2028, cuando se apliquen completamente estas medidas.

«Abriremos los canales de participación y, por supuesto, de protesta a todos aquellos que tengan esa sensación que tenemos hoy de indignación, de malestar y, sobre todo, de miedo, porque lo que nos está prometiendo y lo que nos ha prometido, esa suma astronómica de millones que llevamos sumando estos años -para la desalación-, resulta ser una auténtica farsa», ha abundado.

El presidente de los regantes levantinos ha dicho sentirse como un «ciudadano de segunda» ante la forma de proceder del Ministerio y ha anticipado movilizaciones y llamado a la unidad de todos los sectores afectados, advirtiendo de que «todo el sector económico» de estas provincias se verá impactado por las restricciones.

Asimismo, ha afeado que toda la información la conoce por los medios de comunicación que han recabado información a través de los representantes políticos de los pueblos ribereños -de unos 13.000 habitantes- que están en la Comisión Central de Explotación tras ser incluidos por Teresa Rivera, a la que se ha referido como ministra «de infausto recuerdo».

«¿Por qué el Ministerio se mete en el año 2025 avanzado en una modificación de las reglas de explotación que tendría que tener hechas en los primeros meses de 2023? Lo hace en este mes porque, por primera vez, entramos en nivel 1 desde que se aprueban las reglas, y algo tiene que ofrecerle al vocinglero de García-Page ante los gritos que pega», ha agregado Lucas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado que estas medidas «son un nuevo hachazo no sólo para el trasvase, sino para el conjunto de esta tierra de oportunidades y convivencia que es la provincia de Alicante» y ha acusado al Gobierno de España «de estar empecinado en acabar con esta infraestructura».

En este sentido, el dirigente alicantino ha recordado que en el territorio español «funcionan muchísimos trasvases que no se cuestionan, que se atienden y que incluso se mejoran y, sin embargo, al trasvase Tajo-Segura se le aplica una política cicatera sin ningún tipo de rigor técnico que nos afecta muchísimo, como pasa con las nuevas reglas de explotación».

En su opinión, «resulta paradójico que, ante esa ausencia absoluta de rigor técnico, la única decisión sea recortar caudales de suministro de agua para el Levante español, especialmente para la agricultura, que es la gran despensa de Europa, pero también para el consumo humano, la industria o el turismo», ha apuntado Pérez, quien ha insistido en que «no tiene sentido un proceso de regresión absoluta en un derecho vital como es el acceso al agua en cantidad suficiente y, por cierto, al mismo precio que pagan el resto de los españoles, porque el agua es de todos».

El presidente de la Diputación ha argumentado, al respecto, que «cada vez que el PSOE llega al Gobierno de España solo tiene una fijación en materia de agua, que es recortar el trasvase Tajo-Segura», por lo que ha considerado que sería conveniente «exigir que el PSOE en la provincia de Alicante dé la cara y diga en qué posición está y qué intereses defiende».

Finalmente, Pérez ha asegurado que el Gobierno de la Diputación de Alicante, los ayuntamientos «y algunos desde la parte política -en referencia al PP- se estará siempre en la defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que lleva más de cuatro décadas contribuyendo a la agricultura, el campo, la industria y el turismo en Alicante, siendo miles los que nos eligen para residir aquí así porque en esta tierra se hacen las cosas muy bien».

El Pleno del Ayuntamiento de Elche ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos, a propuesta de Alcaldía, exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para la supervivencia de la actividad agraria.

El alcalde, Pablo Ruz, ha señalado que la pretensión es una «noticia demoledora y triste para Elche« y ha mostrado su pesar personal: »Como alcalde me enoja y como ilicitano me mueve a luchar por lo que es de justicia, ya que se trata del agua para regar nuestros campos y el agua que utilizamos para beber».

Ruz ha dejado claro que «sin agua no hay vida y la desalación no puede ser la solución» y ha apuntado que es una cuestión de «supervivencia», porque «Elche es quien más necesita ese trasvase en el Levante español, ya que Murcia y Orihuela tienen derechos históricos del río Segura, pero Elche no tiene agua».

«Ante lo crucial y lo urgente, este gobierno municipal lo tiene claro: un muro de dignidad», ha indicado Ruz, quien ha asegurado que el lunes próximo se celebrará la Mesa Local del Agua «para que hablen los regantes».