Rechazan la querella por homicidio contra las terapeutas que trataron a la menor que se suicidó en Valencia

Según el auto dictado por la magistrada, al que ha tenido acceso ABC, no resulta «debidamente justificada» la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que se inadmite la querella contra las dos terapeutas a las que la familia de la menor acusan de no adoptar las medidas preventivas y el diagnóstico necesario dentro de sus funciones sanitarias ante las señales de alarma «claras y constantes» de tendencia suicida que, salvo las denunciadas, entendieron todos los profesionales que trataron a la víctima.

En el recurso presentado ante el Juzgado, los padres de la joven advierten de las «múltiples ocasiones» en las que su hija intentó quitarse la vida, «manifestando abiertamente esta intención» a las profesionales querelladas. Sin embargo, matizan, «no realizaron ninguna acción relacionada al tratamiento del riesgo suicida a pesar de existir para ello diversos protocolos», como el Plan de Prevención y Manejo de la Conducta Suicida, elaborado por la Conselleria de Sanidad y Salud Pública.

Esta guía señala la ideación, plan e intento suicida como una señal de alarma para efectuar «de manera inmediata» una evaluación del riesgo, cosa que las doctoras no llevaron a cabo pese a que la menor les relató en diferentes entrevistas que había ingerido pastillas y realizados cortes en los brazos. Asimismo, indica el plan de la Generalitat en esta materia que ante un riesgo alto de suicidio se requiere hospitalización inmediata del paciente para su valoración por salud mental.

La familia de Isabel no entiende como, ante los constantes intentos de suicidios de su hija, no se le diagnosticó conducta suicida como enfermedad, a efectos de otorgarle un tratamiento distinto al que mantenía por anorexia nerviosa, que habría sido «diferente» y «en definitiva hubiera evitado que se quitara la vida».

En adición, el recurso presentado por los progenitores de la joven de dieciséis años sitúa la historia clínica de la paciente como una prueba inequívoca de la «acción nula» de las terapeutas respecto al tratamiento del riesgo suicida, en base a los diferentes informes médicos aportados, en los que se da cuenta de diferentes sucesos que alertaban del estado mental de la misma.

Durante estos encuentros acaecidos durante los últimos seis meses de su vida, Isabel relató a las doctoras un episodio de sobreingesta de medicamentos -en concreto once pastillas de antidepresivos-, que se realizó cortes en los brazos, y que consumía marihuana para acallar las voces que la perturbaban. Una de estas profesionales les llegó a decir a sus padres que «hay gente que se pone más de drogas y cubatas y no les pasa nada», así como «que los niños tienen que experimentar», procediendo a darle el alta médica y sin describir incidencia alguna sobre los casos expuestos.

En la última entrevista con su psiquiatra, la joven le pidió ayuda directamente y le señaló verbalmente un plan suicida concreto. «Le dice que ha pensado en defenestrarse, pero como vive en un segundo piso sabe que puede hacerse mucho daño y puede no perecer en el intento. Le comenta que se ha realizado cortes en el antebrazo y además que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se ha atrevido», aparece recogido en la querella presentada en el juzgado de Requena.

Según los denunciantes, este caso amerita una investigación, de la cual ni tan siquiera el juzgado ha acordado mínimamente la actuación de diligencia para llegar a una convicción total de los hechos, «creando con ello una indefensión y desolación en los progenitores, que no solo han perdido a su hija por la falta de atención diligente, sino que se ven también desamparados por el sistema judicial y administrativo».

Por su parte, el Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo valenciano- ha instado a la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a dar las pertinentes explicaciones sobre el caso en un nuevo informe en el que especifique si se ha incoado expediente disciplinario a las presuntas responsables, si ha iniciado algún procedimiento procesal y por qué no contestaron a la última queja presentada por el padre de la menor.