Reabren la causa contra Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido y la abocan al juicio oral

El tribunal ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación de Cristina Seguí- porque entiende que no puede «descartarse claramente» la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

En un auto consultado por ABC, contra el que no cabe recurso, los magistrados argumentan la necesidad de continuar la causa en «la posible comisión de delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida, y posterior intento de desacreditar su testimonio o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor, una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial».

Por tanto, cuando se practiquen las diligencias que se estimen pertinentes, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial cree que el procedimiento debería pasar a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura de juicio oral, donde se diluciden con mayor amplitud «las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen».

Tras tres años de pesquisas, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió archivar provisionalmente la investigación en abril al entender que las supuestas directrices dadas por Oltra a su equipo para encubrir al educador condenado Luis Ramírez Icardi -que cumple una pena de cinco años de prisión ratificada por el Supremo- eran «meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva».

El juez no apreció pruebas de delito de prevaricación administrativa ni tampoco de abandono de menores ni de omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía apoyó dar carpetazo al asunto y criticó el «empeño» de las acusaciones, que recurrieron en apelación. La deliberación de la Audiencia de Valencia llega casi un mes antes de lo previsto «por razones de servicio», pues estaba fijada para el próximo 16 de julio.

Mónica Oltra dimitió de todos sus cargos en junio de 2022. Siempre ha defendido su actuación y se ha erigido como una víctima de la guerra sucia en los tribunales. Desde entonces ha retomado su labor como abogada, solo ha concedido una entrevista y ha participado en pocos actos públicos. El último de ellos fue la asamblea de su partido, Iniciativa, a la que acudió por sorpresa y sin hacer valoraciones tras conocerse el sobreseimiento provisional de la causa.

El resto de investigados son miembros del gabinete o cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía desde 2015, además de dos trabajadoras del centro concertado Niño Jesús de Valencia en el que ocurrieron los abusos perpetrados por Icardi sobre una niña de 14 años.

En sus declaraciones en sede judicial, todos rechazaron haber recibido presiones para ocultar lo ocurrido y sostuvieron que actuaron conforme a los protocolos. El amplio análisis policial de los correos oficiales cruzados en el departamento autonómico en momentos clave de los hechos también terminó sin que se encontraran señales de encubrimiento.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la víctima. Su abogado llevó el asunto a los tribunales tras señalar diversos pronunciamientos judiciales el desamparo que sufrió la víctima por parte de la Generalitat, un argumento que retoma ahora de nuevo la Audiencia de Valencia.

En el auto fechado este mismo 20 de junio, los magistrados explican que «puede sostenerse como hipótesis plausible» que, cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria, se pretendió ocultarla haciéndose valer de «un informe ficticio», pues se emitió «un pronunciamiento de inexistencia de indicios» cuando «ni siquiera se preguntó a la menor» sobre aquello que había relatado en febrero de 2017 a personas de confianza, «omitiéndose tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal».

Se colocó entonces a la víctima «en una situación de riesgo», pues el educador -ahora condenado- se reincorporó a su puesto de trabajo. La Fiscalía tuvo conocimiento de lo ocurrido tres meses después porque la menor contó lo vivido a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a la residencia por otra circunstancia.

Del mismo modo, «la Sala estima que nada habría que objetar penalmente a la formación de un expediente informativo que tuviera como finalidad determinar la actuación llevada a cabo o detectar, en su caso, la existencia de posibles errores por los funcionarios adscritos a la Conselleria».

«Pero lejos de ello, el expediente parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador», agregan.

Todos estos indicios, aseveran, deben dilucidarse en un juicio oral. Ha de ser en la vista, tras la práctica de la prueba, donde se ha de determinar qué persona ordenó la formación del expediente en agosto de 2017 y quién decidió tomarle declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, así como las circunstancias en que ello se produjo.

«No puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares», recoge el auto.

Tras conocerse esta decisión judicial, Compromís ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ya ante el 'lawfare' y ante la «infamia» que supone la reapertura de la causa contra Oltra, pues es el momento de decir «basta ya» a esta «tortura» y «persecución» política y judicial. Así lo han trasladado a la prensa en los pasillos del Congreso los diputados de la formación valenciana, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, para denunciar que la situación de Oltra es un caso «clarísimo» de «acoso» y «violencia política», pese a que «no hay nada».

Micó ha desgranado que la Ejecutiva Nacional de Compromís se reunirá para dar «apoyo una vez más» a Oltra, mientras Ibáñez ha denunciado que es la tercera vez que instancias superiores de justicia, «habitualmente muy politizadas», obligan al juez instructor que lleva «analizado absolutamente todo sin encontrar nada» a «alargar esta persecución».