Profesores piden el fin de las discriminaciones lingüísticas para excluir al español y así «crear identidades nacionales»

Ante esa dinámica, esta plataforma integrada por una veintena de asociaciones de profesores -entre otras, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística surgida en Alicante-, familias y profesionales afectados por unas políticas que consideran lesivas para los derechos de los alumnos, reclaman «reformas legislativas que armonicen el modelo lingüístico del sistema educativo español».

Así, ven que estos «submodelos» en la enseñanza, «se han convertido en la herramienta imprescindible para construir sociedades con base étnico-cultural con una fuerte carga identitaria desde las instituciones».

En ese sentido, uno de los conferenciantes en este primer encuentro, Alberto Martínez, profesor y padre de dos hijos estudiantes en centros educativos de la provincia de Alicante, puso el ejemplo de la Generalitat Valenciana, donde su presidente, Ximo Puig, dio el «mazazo» al dejar en manos de Compromís la Conselleria de Educación.

Aunque su decreto de plurilingüismo no prosperó («conseguimos tumbarlo en los tribunales»), luego vino otra ley posterior que sí impone -a su juicio- el uso del valenciano como lengua vehicular para el aprendizaje de todas las asignaturas.

Además, como precedentes, Martínez señaló que la mayoría de los profesionales de la docencia en valenciano tienen el título de Filología Catalana, en consonancia con la ambición de confluir hacia los denominados «países catalanes».

Otra de las consecuencias de esta disgregación del sistema de enseñanza, según las conclusiones del encuentro, es que «la falta de pruebas y criterios de evaluación y de corrección uniformes hacen imposible comparar el nivel de conocimiento del español entre los estudiantes de las diferentes Comunidades Autónomas».

Asimismo, al no haber tampoco una única prueba de acceso a la Universidad no se puede tampoco «evaluar de forma equitativa los conocimientos adquiridos».

Aspectos que inciden en el rendimiento académico de los alumnos, otra cuestión sobre la que han alertado especialmente desde esta plataforma, con las explicaciones de expertas en logopedia y pedagogía acerca de los problemas añadidos a estas edades cuando el niño y el adolescente no aprende en su lengua materna. Lo expusieron en estas dos jornadas a las que asistieron representantes de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Navarra.

Un riesgo que ilustra, sin ir más lejos, la Escuela Europea implantada en Alicante por encontrarse en esta ciudad el organismo comunitarios de la propiedad intelectual EUIPO. Este centro educativo trabaja con un modelo educativo «basado en la lengua materna, a la que se le da importancia completamente», tal como subrayó Martínez.

Una garantía, la de aprender en su propio idioma, que resulta especialmente crucial para «proteger a los alumnos con necesidades específicas», ya que habría que «estudiar las consecuencias que para ellos tiene la escolarización en modelos educativos bilingües o de inmersión lingüística», según Escuela de Todos.

En el plano legislativo y político, el profesor Alberto Martínez puntualizó que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana estipula sobre el idioma valenciano que «es un derecho conocerlo y usarlo, pero en ningún sitio dice que es un deber».

Y ese texto legal básico también precisa que «nadie será discriminado» por la lengua, cuando en la práctica, hay zonas castellanohablantes en las que se aplica la «exención» de aprenderlo, de esa asignatura, pero con la paradoja e «incoherencia» de que luego se imparten otras materias troncales en valenciano. «A cualquier juez que se lo digas, con un poco de sentido común, no se lo creerá», comentó Martínez.

Otro detalle que, a su entender, evidencia la intencionalidad de avanzar en la imposición lingüística, es que el distrito de la ciudad de Alicante, en el que solo un 3-5% de la población declara que tiene el valenciano como lengua familiar, está declarada en el mapa de la Conselleria como zona valencianohablante y «es falso».