«Corresponde al director general de Enseñanza la resolución de las solicitudes de exención de la materia de valenciano y, por lo tanto, el alumnado que la haya solicitado no la tendrá otorgada mientras no le sea notificada por resolución favorable», establece la norma.
Tal como subrayan estos profesores -integrados junto a una veintena de asociaciones afines como la también alicantina Idiomas y Educación en la plataforma nacional Escuela de Todos- ese plazo máximo, que explican además que con frecuencia se convierte en lo habitual, carece de sentido, ya que llega casi a finales de curso: «Cabría preguntarse si el derecho del alumno de ser exento de la materia de valenciano puede quedar en suspenso durante el trámite administrativo».
La situación en estas zonas de predominio castellanohablantes, situadas en el interior de la provincia de Valencia y el sur de Alicante, principalmente, representa uno de los primeros frentes de acción del conseller de Educación, José Antonio Rovira, según se desprende de sus declaraciones tras asumir el cargo en la presente legislatura.
El dirigente autonómico puso el foco en que si había alumnos exentos de esta materia, no les podía obligar a aprender otras asignaturas en ese idioma como lengua vehicular, otra de las quejas repetidas por esta plataforma de profesores y otras de familias como Idiomas y Educación durante las dos pasadas legislaturas, con el gobierno tripartito de Ximo Puig con apoyo de los nacionalistas de Compromís, que dirigían este departamento.
Como propuesta constructiva en este caso concreto, esta agrupación docente plantea lo siguiente: ¿Por qué la Administración educativa no permite, como sí hace con el trámite de solicitud de convalidación y exención de otras materias, como música, educación física y otras optativas, que se la Dirección de los centros educativos, y en el plazo máximo de un mes, quien resuelve las solicitudes?
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