Profesores denuncian la «coacción y manipulación a las familias» del director de instituto que insta a votar valenciano y no castellano

Tras conocer esta comunicación enviada a los progenitores «a través de los canales oficiales del centro», publicada por ABC, desde esta asociación nacida en Alicante trasladan su «profundo rechazo y preocupación por su contenido y forma», además de reclamar a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo el «cese inmediato» del director del IES Andreu Alfaro, «dada la gravedad de sus actuaciones y la incompatibilidad de estas con los valores y principios del sistema educativo público».

Por eso, plantean la «apertura de un expediente disciplinario para evaluar posibles responsabilidades administrativas y legales derivadas de su conducta». Y, más allá de este caso concreto, ante la posibilidad de que se estén produciendo situaciones similares en otros centros -una realidad denunciada por la asociación Hablamos Español, que ha detectado esta carta en Paiporta- la plataforma de docentes pide también la «adopción de medidas de control para evitar futuros abusos en el uso de los canales oficiales de los centros educativos».

A su juicio, «la pluralidad y el respeto a los derechos de las familias deben ser pilares fundamentales del sistema educativo, especialmente en zonas donde conviven dos lenguas cooficiales», propugnan, además de ponerse a disposición para «aportar más información o documentación que respalde esta solicitud».

Aparte de estas medidas desde la Conselleria, estos profesores rebaten los argumentos esgrimidos en la polémica carta sobre las supuestas ventajas pedagógicas de votar valenciano y no castellano.

Como resumen de una «falta de rigor, contradicciones y absurdos», aluden, por ejemplo, a la pretendida aspiración a una «igualdad« entre ambos idiomas. «Usted plantea que elegir valenciano 'no supone una pérdida en otras lenguas, sino aspirar al equilibrio', pero esto es rotundamente falso, ya que en zonas de predominio lingüístico valenciano, muchos alumnos tienen el castellano como lengua materna y obligar indirectamente a las familias a elegir el valenciano como lengua vehicular rompe el principio de igualdad, al imponer barreras adicionales a quienes no dominan esta lengua».

Hay amparo legal, dado que «la Ley 4/1983, en su artículo 19, reconoce que los alumnos deben recibir las primeras enseñanzas en su lengua habitual, ya sea valenciano o castellano», por lo que conminarles en sentido contrario «contradice este principio fundamental y genera desigualdad en el acceso a la educación».

En cuanto a que «la separación por líneas de valenciano y castellano originaba conflictividad«, el punto más escandaloso a ojos de Hablamos Español, según estos docentes «o existe evidencia alguna que respalde esta afirmación». Relatan como antes de la «imposición del modelo único (PEPLI)», la coexistencia de líneas en valenciano y castellano garantizaba el derecho a la elección y «favorecía la convivencia, como demuestran décadas de experiencia en otros centros educativos». En cambio, «más bien, los conflictos surgen cuando se niega a las familias el derecho a elegir y se les fuerza a adoptar modelos que no respetan su realidad sociolingüística».

Tampoco les convence el razonamiento expuesto de la «identidad cultural con las Fallas y el valenciano«, al tratarse de un ámbito más universal. «El vínculo que usted establece entre el valenciano como lengua vehicular y las Fallas es no solo ridículo, sino un insulto a la inteligencia de las familias: las Fallas, como patrimonio cultural, son una celebración inclusiva que trasciende barreras lingüísticas y muchos de los mayores promotores de las Fallas son castellanohablantes, y su relevancia cultural no depende de la lengua en la que se educan los niños», sostienen.

Por eso, concluyen que «incluir este argumento como una razón para elegir el valenciano refleja una alarmante falta de rigor y profesionalidad, y el empleo de referencias culturales fuera de contexto evidencia una intención manipuladora y carente de seriedad».

Otra de las vertientes habituales para promover el aprendizaje en valenciano del conjunto de las asignaturas, las «oportunidades laborales« sustentadas en el requisito lingüístico, es igualmente cuestionada por esta plataforma docente «Aunque el valenciano puede ser relevante en el ámbito laboral en la Comunidad Valenciana, su promoción no puede realizarse a costa de vulnerar derechos fundamentales. Además, su argumentación es contradictoria con las necesidades actuales del mercado global, que exigen un dominio adecuado del castellano y el inglés. Obligar a un mayor porcentaje en valenciano puede incluso perjudicar el desarrollo de competencias lingüísticas en otras lenguas más demandadas en el mercado laboral», opinan.

De forma análoga, no comparten «el argumento de que 'reforzar la lengua con menos contacto' genera bilingüismo, ya que ignora principios básicos de la pedagogía, porque forzar a los alumnos a recibir la mayor parte de sus enseñanzas en una lengua que no dominan puede provocar retrasos en su aprendizaje y afectar su autoestima».

Recuerdan aquí que «esto contraviene las recomendaciones de múltiples estudios internacionales sobre el impacto negativo de la enseñanza en una lengua no materna durante las primeras etapas educativas». Aquí coinciden con otra asociación de familias y profesores, Idiomas y Educación, que ha aludido en varias ocasiones a los criterios expuestos por la UNESCO.

En cualquier caso y por descontado, subrayan que se debe respetar «el marco legal vigente, que garantiza el derecho de las familias a elegir opciones que respeten tanto la cooficialidad lingüística como las particularidades sociolingüísticas de cada alumno y familia». En consecuencia, esta comunicación «vulnera principios legales, éticos y pedagógicos fundamentales, y demuestra una grave falta de conocimiento y de respeto hacia los derechos que la normativa garantiza a los ciudadanos», a su entender.

Denuncian «el uso de los canales oficiales del centro educativo para promover una opción concreta (en este caso, la elección del valenciano como lengua vehicular), lo que constituye una flagrante violación de los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir la actuación de cualquier funcionario público», un aspecto en el que coinciden con Hablamos Español. También la Conselleria precisó a ABC que los responsables educativos no pueden «posicionarse» en una consulta de estas características.

Abundando en las cuestiones legales, la plataforma puntualiza que el artículo 11 de la Ley 4/2018 fomenta la vehiculación del valenciano en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, si bien esto debe hacerse «respetando el contexto sociolingüístico y las particularidades de las familias». Máxime, con las novedades normativas reciente: «Más aún, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la reciente Ley 1/2024 sobre Libertad Educativa refuerzan que ni la Administración ni los responsables de los centros pueden presionar a las familias en su decisión sobre la lengua vehicular».

Finalmente, concluyen que con esta carta se consigue «manipular, presionar y dividir» en el seno de la comunidad educativa de este centro.