«Es muy probable que el médico no tuviera capacidad para hacer un diagnóstico en valenciano»

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha aprobado una Ley que impone a los funcionarios la obligación de contar con un título que acredite sus conocimientos en la lengua vernácula. En el caso de los profesionales sanitarios, la medida ha quedado en el aire a expensas del desarrollo del reglamento para aplicar la nueva legislación, que divide a los socios de Gobierno del PSPV-PSOE y Compromís.

Respecto a la controversia generada en el centro de salud de Alfafar, desvelada por la televisión autonómica À Punt, en el que un médico no pudo atender al paciente que le pedía expresarse en valenciano, la Generalitat defiende que «la asistencia sanitaria se cumplió porque se buscó a un médico que hablaba valenciano».

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, dejó claro que el primero de los médicos que atendió al paciente no dominaba una de las lenguas cooficiales, por lo que ni podía prestar la atención adecuada desde el punto de vista sanitario ni emitir un diagnóstico: «Es altamente probable que llevara poco tiempo, que no fuera de nuestro entorno y no tuviera capacidad para hacer una anamnesis en valenciano».

El paciente, por su parte, ha sostenido que «yo no quería que el médico me hablara en valenciano, lo que pedía, porque es mi derecho reconocido en la Constitución, es que me dejara a mí expresarme en valenciano. Sin embargo, el doctor nada más entrar a la consulta y saludarlo me dijo que no me podía atender si no hablaba español porque no me entendía y que si seguía hablando en valenciano la consulta finalizaba».

La Policía Local de Alfafar recibió una denuncia de un médico en la que relataba que el paciente, que trabaja como profesor en un instituto, estaba «alterando el normal funcionamiento de los servicios de urgencias, alterando y molestando a la recepcionista».

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana revisará la multa impuesta al paciente por «alterar el funcionamiento» del centro de salud, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana oscila entre los 601 y los 3.000 euros. El sancionado ha avanzado que presentará un recurso. Mientras, la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Conselleria de Educación le ha brindado asesoramient.