La primera querella colectiva de afectados por la dana se abre paso en los tribunales

Según ha podido confirmar ABC, el auto de incoación con fecha del 5 de febrero encarga la investigación al juzgado que centraliza las diligencias seguidas en distintos órganos judiciales de la provincia, incluida Valencia capital, por las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre.

La titular de este juzgado requirió a la Generalitat que comunicara, en un plazo de cinco días, qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre, al tiempo que solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.

Respecto a la querella presentada por Vilches Abogados, en nombre de la Asociación DANA Horta Sud Valencia y de 109 familias, recayó en un primer momento en el el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. No obstante, finalmente se ha inhibido en favor del de Catarroja «al llevar este las diligencias más avanzadas de acuerdo con el Art. 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Se trata de la primera demanda colectiva admitida a trámite que se acepta en un juzgado por la gestión de la riada que dejó 224 muertos y tres desaparecidos. Las familias querellantes consideran que los seis miembros del Cecopi deben pagar con penas de prisión y con su patrimonio porque son responsables de lo ocurrido. «La inacción de sus funciones en la toma de decisiones derivó en la desprotección de los ciudadanos», explica Christian Lesaec, portavoz de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia.

Sus abogados presentaron junto a la querella una investigación compuesta por 67 páginas en la que fundamentaron que el sistema ES-Alert «no se activó en el momento oportuno ocasionando todas las desgraciadas consecuencias posteriores», y parece «que la magistrada encargada de la investigación judicial comparte dicho argumento, teniendo en cuenta las diligencias que ha solicitado».

Lasaec añade que «es un alivio saber que la justicia va a escucharles». «Es una muy buena noticia para nosotros y confiamos plenamente en los tribunales», detalla. Además, ha indicado que ya hay 109 familias litigantes pero que la asociación de afectados acogerá a todas las familias que necesiten asistencia jurídica y quieran sumarse a esta denuncia colectiva.

La querella presentada por esta asociación se dirige contra cinco miembros en el momento de los hechos de la Generalitat -la exconsellera Salomé Pradas, el que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, el director general Alberto Javier Martín, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Jorge Suárez, e Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias- y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como presuntos responsables de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.

Asimismo, solicita la declaración testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya que al estar aforado «no podía ser investigado en este procedimiento», lo que «no implica que de resultas de la instrucción se pueda presentar también una querella contra él ante el órgano correspondiente», según explicaron los impulsores de la acción.