La presidenta de las Cortes Valencianas acusa al Gobierno de «injerencia» tras remitirle una carta sobre la ley de concordia

En la misiva, Torres recuerda a Massó que toda acción legislativa, a cualquier nivel, «está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España». Una «insinuación» contra la que ha cargado la destinataria.

Massó ha acusado al ministro de «chantajear» al Parlamento valenciano. Además, ha denunciado que el Gobierno hace «un uso partidista» de las administraciones que «vulnera la separación de poderes» y supone «una injerencia en la actividad legislativa». No remitirá el informe -que no fue «encargado por Naciones Unidas»- a los grupos. Si el ministro quiere, ha señalado, puede presentarlo por el registro de Les Corts.

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «dedicarse a las cosas de verdad, en vez de estar buscando cartas, relatos y montando patines para ver si nos llama a fachas a los demás todos los días».

«Yo la ley que espero que cumpla el Gobierno de España es la de la dependencia, por ejemplo, porque hemos incorporado a 2.100 más y en estos momentos hay 154.896 personas dependientes a la Comunitat Valenciana que están clamando por que el Gobierno cumpla y por fin fije los fondos que tiene que fijar, que lleva años sin fijarlos», ha sostenido. También le ha exigido que cumpla «con la gente con discapacidad y con los derechos para retransmitir los Juegos Paralímpicos en Radio Televisión Española».

En el citado documento, un grupo de expertos independientes que trabajan voluntariamente para la ONU instan al Gobierno de España a actuar para preservar la memoria histórica frente a las normativas que la derecha tramita en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, y que aprobó en Aragón.

En concreto, respecto a la ley valenciana que sustituirá a la de memoria democrática de 2017, ponen el foco en que amplía su alcance a la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista y el «terrorismo etarra e islámico». A su juicio, reconocer el mismo régimen de protección a todas estas víctimas «desvirtúa» el objetivo de la normativa estatal y autonómica vigente en esta materia.

«El proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», aseveran los relatores, lo que quitaría «el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista».

Ante las críticas de PSPV y Compromís, que hacen suyos los argumentos del informe, el portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha asegurado que la ley registrada junto a Vox es «impecable», aunque no se ha cerrado a estudiar y presentar enmiendas. Del mismo modo, ha negado que exista una instrucción de la dirección nacional del partido para rebajar el tono de la propuesta presentada.