PP y Vox pactan una oficina 'antiokupas', restaurar cruces con su Ley de Concordia y pruebas médicas de edad a menas en Valencia

En total, los dos grupos políticos que sustentan el pacto para las cuentas del Gobierno de Carlos Mazón han transaccionado 35 enmiendas a la Ley de Acompañamiento al documento de la contabilidad general para 2025, con cambios en múltiples leyes autonómicas.

La comisión de Presupuestos de las Cortes Valencianas ha debatido el proyecto, fruto del acuerdo específico del PP -que gobierna en minoría- con Vox, y que ha permitido que salgan adelante esas propuestas (29 de Vox y 6 del PP) de las 110 presentadas inicialmente, mientras que han rechazado las de 305 de PSPV y Compromís.

Entre las que sí se contemplan, ese nuevo servicio especializado para asesorar y «acompañar a todas las víctimas» frente a la okupación ilegal, prestado por funcionarios de la Generalitat.

Hay otra aprobada por PP y Vox que establece que «todos los elementos, monumentos o cruces ubicados en la Comunitat» deberán «entenderse como elemento de concordia, como símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje a todas las víctimas, desde una perspectiva de convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales», en base a la Ley de Concordia aprobada en 2024 por ambos grupos.

Se dicta que los ayuntamientos o la Generalitat «podrán restaurar en su emplazamiento original aquellos elementos retirados, siempre que su nueva contextualización respete los principios de la concordia democrática y no suponga vulneración de los derechos de las víctimas».

Una de las iniciativas incluye la elaboración de «pruebas exhaustivas para determinar la edad de los supuestos menores extranjeros no acompañados que lleguen a la Comunitat», con una partida en los presupuestos. También «un protocolo de atención específico» para realizarles «una exploración médica básica que permita conocer su estado de salud» y «un protocolo general para determinar fielmente» su edad.

En otra enmienda, a la Ley de Subvenciones de 2015, se establece que para recibir ayudas del Consell se debe tener la nacionalidad española o europea, con lo que Vox quiere «frenar la invasión migratoria». También se elimina la comisión interdepartamental para la cooperación internacional al desarrollo.

En igualdad, se han aprobado cambios en la conocida como Ley Trans de 2017, que Vox quiere «neutralizar». Se defiende este derecho «en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales» y se garantiza que la ley no «patologice o someta a condición de perjuicio» a las personas.

Se señala que «asociaciones de pediatría y otras organizaciones médicas afirman que la única evidencia sólida con respecto a las intervenciones de cambio de sexo en menores es el riesgo muy grave que representa para la salud de los niños, y recomiendan esperar a la edad adulta para tomar estas importantes decisiones».

Además, se indica que «las personas que manifiestan su condición de trans no son un colectivo homogéneo», se apuesta por «normalizar» la identidad trans y se prohíben «las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación». Y en el decreto de 2021 del registro de vivienda se elimina la posibilidad de dar más puntos a unidades de convivencia integradas por una o más personas trans.

En la Ley de Juventud de 2017 se quita la «promoción de la diversidad» de las políticas a desarrollar. Y en Sanidad se ha aprobado una enmienda de Vox para crear la categoría estatutaria de psicólogo general sanitario en el sistema valenciano de salud.

El PP ha aceptado otras propuestas de Vox: elevar de 500.000 euros a un millón el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio; bonificar el 50% del impuesto de sucesiones y donaciones a sobrinos y nietos; eliminar el impuesto sobre actividades medioambientales, que Vox justifica para no «demonizar» la energía nuclear; retirar la exención de tasas a entidades humanitarias que necesiten situarse en espacio portuario por funcionamiento, salvo Cruz Roja.

Ambos partidos han transaccionado una enmienda sobre la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF) para suprimir el consejo de participación aprobado por en 2019 y para establecer que el cese de su director será aprobado por una mayoría de tres quintas partes de Les Corts sólo en el caso de una «negligencia notoria y grave».

Una de las enmiendas de aproximación establece que las iniciativas legislativas populares (ILP) registradas en Les Corts antes de los cambios planteados por el PP, como no poder modificar la Ley Electoral, se regirán por la normativa vigente en su momento.

De esta forma se podría tramitar la ILP registrada por la Unió Municipalista para reducir del 5% al 3% la barrera electoral. El mes pasado, el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, advirtió que peligraba el gobierno con el PP en la Diputació de Valencia ante los cambios proyectos por los 'populares' en las ILP.

Respecto a la dana, una enmienda de estos partidos añade la posibilidad de suspender la explotación de máquinas recreativas de azar destruidas o dañadas. Se bonificará en el 100% la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de azar en la parte que corresponda al periodo de suspensión. El plazo para canjear las tragaperras destruidas será de un mes desde la entrada en vigor de esta ley.

PP y Vox también han acordado una enmienda a la Ley 4/2021 de Función Pública para añadir que la competencia lingüística en los conocimientos del valenciano podrá valorarse «especialmente» por su relación directa con las funciones a desempeñar. Se elimina la disposición que preveía aprobar un reglamento en el plazo del año para regular el nivel de valencianoexigible a funcionarios. Según Vox, estos cambios son para no utilizar la lengua «como arma política».

En cultura, PP y Vox han pactado cambios en el consejo rector del IVAM: estará formado por un miembro de la Conselleria de Cultura, hasta tres a propuesta de la dirección del centro de arte y un máximo de tres a propuesta de entidades de reconocido prestigio y trayectoria en el mundo del arte. Se establece que se procederá a constituir este consejo en un plazo de tres meses.

El diputado del PSPV José Díaz ha vuelto a definir la sintonía de PP y Vox como «el pacto del Ventorro» y ha afeado que no apoyen sus 132 propuestas. Además, ha definido la ley de acompañamiento como «la factura» de los 'populares' a Vox: «Un 'bizum' de indignidad».

Entre las 173 enmiendas de Compromís, PP y Vox han rechazado que la Generalitat asuma el mando único ante una emergencia como la dana, saber los criterios de adjudicación de los contratos de emergencia o para que el valenciano sea la lengua vehicular de À Punt.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a PP y Vox de tumbar sus enmiendas sin estudiarlas y ha lamentado las propuestas «casposas» de estos grupos, con cambios «por la puerta de atrás» y la eliminación de la posibilidad de comparar viviendas mediante tanteo y retracto.

Desde el PP, Noelia Císcar (PP) ha acusado al PSPV de ser «fieles sirvientes de las políticas 'sanchistas'» y de «buscar rédito político», mientras su compañero Fernando Pastor ha afeado a Compromís que «no haya querido» negociar ni «digan nada» contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente Pedro Sánchez.

Por su parte, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha puesto en valor las enmiendas en materia de impuestos, al considerar que supondrán una «rebaja de la presión fiscal de todos los valencianos».