El PP y Vox impulsan una comisión de investigación sobre el sector público valenciano en la etapa de Ximo Puig

Los socios del Gobierno valenciano han registrado este jueves la que supone su primera iniciativa parlamentaria conjunta desde el vuelco a la derecha de las pasadas elecciones. El texto indica que la comisión se constituirá «de forma inmediata a su aprobación» y se basará en la presencia de expertos por determinar y la aportación de informes. En el plazo máximo de dieciocho meses, elaborará un dictamen con sus conclusiones para elevarlo al pleno de la Cámara.

Un movimiento político que sigue la estela marcada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado martes, cuando anunció una auditoría al detalle para conocer lo ocurrido durante los ocho años en los que PSPV y Compromís, a los que luego se sumó Unides Podem, gobernaron la región, tras detectar supuestas anomalías en la gestión.

El portavoz del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha señalado que el objetivo de las medidas impulsadas es frenar el «descontrol gigante» en el sector público y estudiar si se derivan responsabilidades.

«Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo», ha aseverado. El tripartito progresista disparó un 47% el gasto, según Barrachina, que ha vuelto a hacer alusión a los 713 millones en contratos a dedo durante dos legislaturas y a las 4.000 contrataciones de personal laboral sin autorización que se produjeron en 2021, coincidiendo con la pandemia.

En la misma línea, el síndic de Vox, José María Llanos ha incidido en que «los valencianos tienen derecho a saber la verdad» y ha lamentado que, aunque finalmente no se materializaron, «prácticamente en la precampaña» del 28M se hicieron casi 2.000 contratos en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

Cuestionado por los medios sobre que la entonces responsable del sector público -la secretaria autonómica de Economía, Mako Mira- siga en su puesto con el nuevo gobierno, Barrachina ha esgrimido que «el PSPV sabe bien quién cometía irregularidades porque había exdiputados socialistas dirigiendo la SGISE». «Habría que preguntar a Ximo Puig», ha zanjado. La permanencia de Mira en el Ejecutivo ha sido el principal argumento de contrataque de los socialistas en este asunto, pues han retado al PP a pedirle responsabilidades.

Tras conocer la propuesta «cínica» del PP y Vox, Compromís ha pedido que esa investigación incluya también la gestión de los distintos gobiernos populares -desde 1995- al frente del Consell, «desde la creación de cada entidad hasta la actualidad, incluyendo aquellas entidades del sector público instrumental extinguidas». El portavoz de la coalición, Joan Baldoví, ha observado que si ambos formaciones se niegan «demostrarán que no buscan la verdad, sino ocultar sus vergüenzas».

Más tarde, el PSPV ha registrado una propuesta muy similar. En referencia a la auditoría con medios externos anunciada por Carlos Mazón, el síndic socialista, José Muñoz, ha vuelto a acusar al presidente de «utilizar los recursos públicos para financiar una operación Kitchen en la Comunidad Valenciana». Una «guerra sucia» que, a su juicio, tiene como objetivo «perseguir y arrinconar» a la oposición.

Muñoz ha criticado lo que considera un intento de «criminalizar el trabajo de los funcionarios públicos que ya han acreditado en sus informes que todo se ha hecho de forma correcta». «La externalización de la auditoria se traduce en pagar hasta conseguir el resultado que les interese», ha afirmado. Al mismo tiempo, ha incidido en que la situación actual del sector público no se puede comparar con la que se encontraron ellos en 2015 y ha vuelto a hacer referencia a las causas judiciales que exdirigentes del PP tienen abiertas por presunta corrupción.