El PP lleva a Antifraude 629 nuevos pagos «sin contrato» a empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig
El Partido Popular registra una denuncia por facturas «sin proceso de licitación ni contratación» por valor de 408.000 euros del Ayuntamiento de Morella a Francis Puig
El PP aportará al juzgado que investiga al hermano de Ximo Puig la ratificación de la multa por pactar precios
Un error del Juzgado compromete el final de la investigación al hermano de Ximo Puig
VALENCIA
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Iniciar sesiónNueva denuncia por presuntas irregularidades en ayudas públicas a empresas vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Partido Popular ha presentado este lunes en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) un total de 629 pagos por más de 408.000 ... euros «sin proceso de licitación ni contratación» por parte del Ayuntamiento de Morella (Castellón) a mercantiles relacionadas con Francis Puig entre 2015 y 2023, los ocho años en los que el barón socialista está al frente del Gobierno autonómico.
El portavoz de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha registrado la nueva denuncia en Antifraude junto al portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, precisamente mientras Ximo Puig presidía el pleno extraordinario del Consell para convocar las elecciones autonómicas del 28 de mayo.
Según aparece recogido en la propia denuncia, el PP desglosa un total de 547 facturas por 369.637,68 euros aprobadas y pagadas por el Ayuntamiento de Morella entre 2015 y 2023 a las mercantiles Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL sin «tramite contractual alguno».
Asimismo, sostiene que el mismo Consistorio pagó esos años 38.448,58 euros en 82 facturas a las empresas públicas Societat Centre Integrat de Serveis Económics, Societat de Promoció Económica SA, Iniciatives Turistiques Morella SL y Carns de Morella SL; «todas ellas sin formalización de contrato», insiste el PP.
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En paralelo, el juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia mantiene abierta una investigación contra las productoras administradas por Francis Puig y el empresario Juan Enrique Adell Bover, por un presunto fraude en subvenciones percibidas por parte de la Generalitat Valenciana y de Cataluña.
El PP ejerce de acusación popular en la causa que investiga presuntas ayudas autonómicas fraudulentas otorgadas entre 2015 y 2018 a las mercantiles citadas. En concreto, 23 subvenciones por valor de 744.123 euros concedidas por la Conselleria de Educación y la Agencia Valenciana de Turismo, dirigidas por Compromís y PSPV-PSOE, respectivamente.
Estas pesquisas han sufrido múltiples incidencias durante su desarrollo; primero con la nulidad del auto de la prórroga por un olvido en las notificaciones a las defensas y después con la cancelación de una reunión clave para elaborar el informe que debe llevar a cabo la Intervención de la Generalitat a la que no se presentaron sus responsables por un error en la citación. La próxima fecha para celebrar este encuentro será el 21 de abril.
«Absoluta impunidad»
Barrachina ha advertido que son «cantidades de mínimos porque hay una buena parte -del dinero concedido desde el Ayuntamiento a empresas vinculadas a Francis Puig- que probablemente habrán conseguido despistar a través de este entramado». Son facturas, ha apuntado, por grabaciones de plenos, cuñas publicitarias o apariciones en medios de comunicación.
«Cuando Ximo Puig era alcalde de Morella -entre 1995 y 2012- actuaba con absoluta impunidad entregando ayudas a su hermano y, muy probablemente, el alcalde actual -el socialista Rhamsés Ripollés- ha mantenido el modo que tenía Ximo Puig de beneficiar a su familia a través de los medios de comunicación», ha asegurado.
Los 'populares' afirman que, sumadas en su conjunto las facturas reiterativas con un objeto similar, superan anualmente el umbral de los 15.000 euros del contrato menor, con lo que entienden que el Ayuntamiento de Morella debería haber acudido en estos casos al procedimiento de licitación.
También señalan que «del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas», ya que «el concepto que justifica una factura se repite de manera idéntica en otra presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas».
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En consecuencia, denuncian, «se desprende que todo se hizo de forma consciente y voluntaria con el único objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación y de este modo beneficiar a las empresas de Francis Puig».
El PP pide un expediente de investigación
El representante del Partido Popular valenciano ha exigido que Antifraude abra un expediente de investigación y ha vuelto a urgir a la Intervención de la Generalitat que entregue los informes de auditoría que pidió el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia en el proceso abierto por presuntas irregularidades en ayudas públicas autonómicas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, y a los Adell Bovell.
«El Ayuntamiento de Morella se ha convertido en un ejemplo de cómo se administran mal los caudales públicos», ha añadido el portavoz municipal, quien ha asegurado que desde que Puig es presidente «las empresas de su hermano han pasado de estar en números rojos a multiplicar por dos o tres sus ingresos».
Es más, ha afirmado que el alcalde de Morella «siempre» ha contestado «muy sinceramente» a sus requerimientos sobre estos pagos que «no hay ninguna licitación» porque no quieren trabajar con otras empresas que no sean las vinculadas a Francis Puig. «En el final de la legislatura es un buen momento para que Antifraude lo clarifique», ha urgido.
Multa por pactar precios
En otro orden, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó recientemente una multa por valor de 16.801,7 euros impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia a la productora de Francis Puig, por cometer una infracción muy grave de la ley de Defensa de la Competencia al pactar precios con otras firmas del sector, que también fueron sancionadas.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso entendió que medió en este caso «una conducta anticompetitiva denominada cártel, que implica un acuerdo entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores».
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