El PP valenciano deja sólo a Vox en sus propuestas sobre inmigración e igualdad en el Debate de Política General

La segunda y última jornada de debate, que volvió a extenderse hasta pasadas las diez de la noche, terminó con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Aunque no son vinculantes, sirven como declaración de intenciones para posicionarse en asuntos muy diversos en el inicio del curso político.

Los populares y Vox usaron su mayoría en la Cámara para instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a mejorar sus protocolos y sistemas de alerta; a crear una comisión entre todas las regiones involucradas en el trasvase Tajo-Segura; a prorrogar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030; a recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia; o a eliminar a los autores catalanes de la asignatura de Valenciano en Bachillerato.

Aunque el PP se sumó a la izquierda para rechazar las tesis más duras de Vox en igualdad -reclamaba derogar todas las leyes en la materia- e inmigración -por ejemplo, poner coto al velo islámico-, sí apoyó una propuesta que insta a «establecer un periodo mínimo de residencia legal, como paso previo para poder realizar la solicitud» de una ayuda pública en materia de empleo.

En la tensa sesión de alrededor de doce horas hubo insultos -desde la bancada de Vox se llegó a llamar «gilipollas» a un diputado socialista- pero no un minuto de silencio por las víctimas en Palestina ante el veto de los de Abascal. De hecho, se rechazaron todas las propuestas de PSPV y Compromís. Entre ellas, una en la que esta última fuerza instaba al Gobierno autonómico a «colaborar activamente» con la jueza que investiga la gestión de la dana, tanto con documentación, como con la declaración voluntaria como investigado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Hubo propuestas de resolución del PSPV que, directamente, no llegaron al pleno por decisión de la Mesa de las Cortes Valencianas, que vetó el texto que pedía a Mazón que renunciara a su aforamiento para declarar ante la magistrada de Catarroja.

El PP y Vox, que preside la Mesa, defienden que el presidente no puede renunciar a esta condición y que la proposición suponía una «moción de censura encubierta». Los socialistas, que califican lo ocurrido de «censura», llevarán el asunto a los tribunales por presunta prevaricación administrativa.