La Policía rastrea 118.000 euros en las cuentas de Ripoll

El «caso Brugal» destapa amaños en adjudicaciones del Plan Zonal de varios municipios

M. A. RUIZ COLL/D. MARTÍNEZ
ALICANTE Actualizado:

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los movimientos detectados, por importes que suman 118.100 euros, en dos cuentas corrientes cuyos titulares son Joaquín Ripoll y su mujer, Margarita de la Vega.

En un informe dirigido al juez instructor del «caso Brugal», la Policía indica que en la primera de estas cuentas, abierta en el Banco Guipuzcoano, «se han realizado cargos por medio de compensación de cheques y pagarés» por importe de 111.600 euros en apenas un año y medio, entre octubre de 2008 y abril de 2010, durante la tramitación del Plan Zonal.

En la segunda cuenta, abierta en el Banco Popular, se realizó un único «cargo de compensación de un cheque» de 6.500 euros, el 18 de marzo de 2009. Como se recordará, el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela investiga si Ripoll recibió dos viviendas de lujo en la calle Benito Pérez Galdós de Alicante —o el equivalente a su valor económico, próximo al millón de pesetas— como contrapartida por la adjudicación del Plan Zonal.

«En el transcurso de la investigación», señala el fiscal Anticorrupción Felipe Briones en un informe dirigido al juez, «se ha tenido constancia del elevado nivel de vida del que haría gala tanto Ripoll Serrano como su familia, que podría no corresponderse con los ingresos que legalmente percibe» como presidente de la Diputación.

Adjudicaciones irregulares

Por otro lado, los pinchazos telefónicos al presidente de la Diputación de Alicante para investigar las posibles corruptelas en torno a la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja han sacado a la luz otras posibles irregularidades en la gestión de Ripoll. Según un informe policial fechado el 11 de agosto de 2009, Ripoll pudo intentar «amañar» varias adjudicaciones dependientes de la Diputación.

La primera, relativa a la variante de Sanet y Negrals en la CV-729, por importe de 1,8 millones. Se adjudicó a la empresa Pavasal, después de que alguien identificado por la Policía como «Manuel Ferrándiz» aconsejase a Ripoll que «no se lo diese a ellos» —en referencia a sus representados—. La segunda se refiere a la adjudicación a OHL de la urbanización del entorno de IFA, en la que —aunque no depende de la Diputación— Ripoll se interesó por la identidad del adjudicatario.

En cuanto a la tercera, fue una adjudicación de la empresa provincial Proaguas para construir un depósito en Benejúzar. Ripoll explicó a Ferrándiz el 11 de julio que «para darles el tema a los amigos suyos había que rebajarles cuarenta o cincuenta mil euros». Así, se acabó adjudicando a la UTE Castelló-Infranostrum, aunque Ripoll prometió a Ferrándiz que «le prepararán la siguiente». En la posterior petición de ampliación del objeto de las escuchas —ante «hallazgos casuales»—, el fiscal considera que las anteriores adjudicaciones pueden incurrir en «presuntos delitos relacionados con los inicialmente investigados».