El plan de reconstrucción tras la dana de Gan Pampols: 339 medidas y 29.000 millones de euros

Sin embargo el coste de la reconstrucción será mucho mayor, según el documento que Carlos Mazón encargó a su vicepresidente segundo, el teniente general en la reserva Francisco José Gan Pampols, que recoge 339 medidas cuantificadas en 29.000 millones.

Así lo ha detallado Pampols durante la presentación del 'Pla Endavant' este lunes en el Palau de la Generalitat ante el Gobierno autonómico al completo, representantes empresariales, de sindicatos y de la sociedad civil. En esta ocasión, sí ha habido participación del Ejecutivo central, con la presencia del comisionado para la dana, José María Ángel.

Sin embargo, las asociaciones de víctimas han expresado su malestar por no haber sido invitadas al acto. Fuentes de la Generalitat afirman que han asistido aquellas organizaciones que han colaborado en la redacción del plan y tienen previsto mantener reuniones con los damnificados para presentarles las distintas iniciativas y que puedan realizar sus propias aportaciones.

De todas las necesidades que recoge este trabajo, 266 son exclusivas de la Generalitat (14.500 millones); 21 del Estado (12.600 millones); 11 de los Ayuntamientos; 8 del sector privado (en referencias, por ejemplo, a las redes de comunicación); y 33 son compartidas.

«Para colocarnos, en este momento, en mejores condiciones para el futuro, para garantizarnos supervivencia, proyección... Necesitamos 12.000 millones más», ha señalado Pampols respecto a lo cifrado por el IVIE antes de realizar un diagnóstico de los municipios afectados. En ese sentido, ha recalcado que este «borrador» en actualización -pasará a consulta pública y será aprobado por el Consell en julio- «no es sólo para la zona de dana», sino para toda la Comunidad Valenciana y no incluye infraestructuras también necesarias para la región -otros 12.000 millones más- como el Corredor Mediterráneo. «¿Esto se puede conseguir? Sí. con voluntad. Queremos; podemos, con muchísimo esfuerzo; y sabemos», ha aseverado.

El vicepresidente ha recalcado la importancia de que las administraciones estén coordinadas y se dote de recursos personales y materiales para que su plan funcione. «Talento, tecnología, innovación y dinero», ha resumido. Mientras no se completa en su totalidad -algo para lo que no ha dado un plazo concreto- y no se ponen en marcha las infraestructuras necesarias, ha abogado por activar campañas de autoprotección para estar «mejor preparados» y minimizar el impacto de futuras catástrofes.

Precisamente, el presidente autonómico, Carlos Mazón, ha anunciado que propondrá la creación de una empresa pública mixta, participada por la Generalitat y el Estado, para impulsar la ejecución de infraestructuras hidráulicas en la autonomía, así como la creación de la Agencia Estatal del Agua con sede en la región.

También ha mostrado su intención de dar un impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de suelo y construcción de viviendas mediante la constitución de empresas mixtas participadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y el sector privado.

Sobre el plan, Mazón ha hablado de una «revolución» en las infraestructuras, la prevención, la protección y la gestión de las emergencias, y ha explicado que propondrán crear una comisión en las Cortes Valencianas para realizar un seguimiento del mismo.

En el primero de esos ejes, la Generalitat propone jerarquizar e identificar los tramos más peligrosos del barranco del Poyo y del río Magro, así como incorporar tanques de tormenta o parques en áreas propensas a inundarse. Asimismo, se realizará un estudio de los motivos por los que carreteras y puentes no soportaron la fuerza del agua.

Más allá de desplegar sistemas de alerta temprana, el Consell quiere realizar «test de estrés» a las cuencas para evaluar individualmente su capacidad en eventos extremos y determinar a partir de qué nivel de lluvia pueden convertirse en una «trampa mortal». Del mismo modo, se contempla la modificación de la normativa para equiparar la prevención de incendios a la de inundaciones, dotando a los edificios de bombas de achique automáticas -al igual que hay extintores- y de protocolos de evacuación vertical.

En cuanto a la gestión de las emergencias, alude a un cambio en la normativa local, autonómica y nacional para que todas las agencias que trasladen información, ya sea de lluvias, caudales o intervenciones en el terreno, sean responsables también de interpretar y poner en contexto esos datos. Además, el Consell quiere que cada vez que haya alerta naranja o superior, los ayuntamientos reporten cada hora a Emergencias el nivel del barranco al paso por su municipio.

Una nueva fase, con todos los municipios oficialmente ya fuera de la emergencia, con el objetivo de «transformar estructuralmente esta provincia para que la devastación del 29 de octubre no vuelva a ocurrir jamás», en palabras de Mazón, que ha reiterado la excepcionalidad y lo "inédito" del temporal. «El pasado ya no puede cambiarse, pero el futuro sí», ha subrayado.

El plan recoge actuaciones concretas con distintos plazos de ejecución, algunas de forma más inmediata, como la creación de un registro de personas con movilidad reducida para priorizar su atención en futuras emergencias; y otras más a largo plazo, como equipar los ascensores con baterías auxiliares o sistemas que les permitan actuar automáticamente ante inundaciones.

El apartado dedicado a las personas también recoge la incorporación de barreras de contención y sistemas de drenaje en los garaje; la reconstrucción de las escuelas afectadas adaptándolas a posibles desastres; la puesta en marcha de una plataforma de voluntariado sanitario para que pueda activarse cuando se pierdan las comunicaciones; o un sistema de seguimiento de enfermos crónicos, personas mayores o embarazadas.

En materia económica habla de otorgar créditos «blandos» a empresas; realizar eventos turísticos en municipios afectados; otorgar subvenciones y bonificaciones a empresas que contraten a jóvenes de la zona cero; o formarlos en empleos con falta de personal.

En cuanto a la protección del medio ambiente, el plan propone digitalizar la zona de la Albufera; limpiar cauces; erradicar las cañar; o identificar zonas que puedan usarse como vertederos en caso de emergencias para evitar tener que habilitar puntos intermedios. Además, respecto a la actividad social, deportiva y cultural, el documento aboga por ofrecer apoyo a organizadores de eventos para que fomenten la participación de bandas musicales afectadas o impulsar el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Con la experiencia vivida y respecto a la protección de la población, el documento incluye la necesidad de establecer un sistema «eficaz y preciso» de predicción de inundaciones y alertas hidrológicas; desplegar una red de conexiones por satélite; o hacer un análisis de las carreteras claves en una situación crítica.

En este apartado, Gan Pampols ha hecho referencia al plan de reconstrucción de infraestructuras presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica para criticar que, pese a que se han incluido «algunas muy importantes» que se arrastran desde 2010, hay otras actuaciones que se han solicitado y no se contemplan.