Los nueve miembros del tribunal ciudadano, que se retiró a deliberar este lunes a mediodía tras cuatro sesiones de juicio en la Audiencia de Valencia, han remitido a la magistrada su veredicto este martes a última hora de la tarde. Con él, la juez deberá dictar sentencia.
Por unanimidad, han determinado que el acusado -para el que no contemplan la atenuante de confesión- mató a Jordi con ensañamiento el 3 de abril de 2022, clavándole 27 veces -«brutal y repetidamente»- un cuchillo de cocina en el cuello, la cara, el torso y la cabeza. El niño no pudo defenderse.
El jurado cree que era plenamente consciente de lo que hacía y no padecía alteraciones psicológicas o como consecuencia de la ingesta de alcohol. Sobre el relato de los hechos, ratifica que el menor había enviado un mensaje poco antes a su madre para que fuera a recogerlo a casa de su padre, con quien estaba celebrando su cumpleaños. A las 14.14 horas, el acusado permitió que su hijo cogiera la llamada de la progenitora al móvil para que escuchara sus gritos mientras lo acuchillaba.
El procesado, de 47 años, ya fue condenado en 2021 por cogerle del cuello a su mujer tras pedirle el divorcio. Un episodio que. como ha quedado probado, se repitió poco después -la estranguló y le llegó a poner un cuchillo en el cuello- y que desencadenó que la mujer se marchara con su hijo a vivir a casa de sus padres. Sin embargo, una descoordinación entre juzgados evitó que se informara de la sentencia por malos tratos a la hora de dictar la custodia compartida del niño de mutuo acuerdo.
Precisamente, el tribunal le declara culpable de un delito de quebrantamiento de condena al haber desobedecido reiteradamente la orden de alejamiento que le impedía comunicarse con su exmujer.
La Fiscalía, la acusación particular y la Generalitat -que ejerce la acción popular- solicitan prisión permanente revisable por el asesinato. El Ministerio Público reclama una indemnización de 300.000 euros para la madre del niño y 60.000 para cada uno de los abuelos maternos. Además, exige siete años más de cárcel por el resto de delitos en la actuación del procesado durante los años anteriores al filicidio. La defensa sigue manteniendo que se trata de un homicidio.
Por otro lado, las acusaciones han solicitado la prórroga de la prisión provisional, pues en abril terminará el plazo máximo de dos años entre rejas que estipula la ley si no hay fallo judicial.
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