La paradójica ofensiva independentista contra el 'referéndum' al valenciano en las aulas aplazado por la DANA tras la Navidad

La autodenominada ONG del catalán ha exigido abiertamente al conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, que «retire la consulta» y consideran que en «lo único en lo que ha cedido es en la fecha».

Fuentes de este departamento del Gobierno autonómico de Carlos Mazón han justificado que «por la DANA se ha atrasado la consulta, ya que hay centros que no están en disposición de votar ahora», en referencia a los daños que han causado las inundaciones por la riada del 29 de octubre pasado. Además, han defendido que esta decisión «se les explicó a los sindicatos en una reunión de hace unas tres semanas y estuvieron de acuerdo».

Desde la Plataforma per la Llengua añaden también que hacen «suyas las peticiones de la comunidad educativa» para «exigir la suspensión de la consulta», aunque ese sentir está lejos de ser unánime y hay otras federaciones de AMPA y entidades que se han pronunciado a favor de que las familias voten el idioma de la enseñanza a sus hijos e incluso reclaman ir más allá que la Ley de Libertad Educativa, porque desconfían de los Consejos Escolares.

Por su parte, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) apuesta por la presentación de alegaciones contra la «consulta pública» y ha asegurado que hay problemas para formalizarlas, debido a que no llegan los mensajes por correo electrónico con el enlace para registrarlas on-line.

Esta ofensiva generalizada desde el nacionalismo también tiene otro frente emprendido por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ha presentado por registro de entrada mociones en los ayuntamientos para que estas votaciones telemáticas para elegir lengua base «se trate en los consejos escolares» y opinan que «ha generado preocupación por sus consecuencias sobre el papel del valenciano» como idioma de la enseñanza.

Precisamente ese órgano de representación -el Consejo Escolar- es rechazado por la asociación Idiomas y Educación (Alicante) y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística o Escuela de Todos, porque aseguran que los progenitores están en minoría y suele haber predominio de profesores favorables al independentismo por la interferencia que representa el requisito lingüístico a los funcionarios.

Requisito suprimido en algunos perfiles profesionales y que ha suscitado a su vez una impugnación por parte de la Plataforma per la Llengua, en otro giro derivado de la nueva normativa que también crea tensiones entre los partidarios de uno y otro idioma en las aulas.