El nuevo método que usan los presos para colar teléfonos móviles en la cárcel: «Es casi indetectable»
El número de terminales intervenidos en la prisión valenciana de Picassent asciende a 653 en los últimos siete años
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Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en las prisiones españolas, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2018 y 2024 se han incautado un total de 653 terminales en el centro penitenciario valenciano de Picassent. Sus trabajadores avisan de un nuevo método para colarlos prácticamente «indetectable» con el uso de drones.
En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 72 fueron requisados en la valenciana. Desde el sindicato Acaip-UGT explican que los móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos.
«Facilitan la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles», detallan sobre una prohibición que no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.
Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. «El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia», han apuntado.
Además, han surgido nuevos métodos de introducción «que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones». Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión «convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros», han apuntado.
Medios limitados para los empleados
Desde Acaip-UGT ponen en valor el «esfuerzo y compromiso» de los empleados públicos penitenciarios que, «a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando».
Asimismo, indican que los funcionarios deben hacer frente a esta realidad «con medios claramente insuficientes». «Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros», han dicho.
Frente a este panorama, desde el sindicato consideran «urgente» una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. «Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas».
«Desde Acaip-UGT reclamamos una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica», han incidido.
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