La nueva ley educativa valenciana permitirá examinarse en castellano a partir de la ESO y Bachillerato

El texto de la normativa, que sustituye y deroga la Ley de Plurilingüismo del anterior Gobierno presidido por Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, destaca en su primer título su espíritu de garantizar una «educación plurilingüe» especialmente en las zonas de predominio castellanohablante.

Lejos de tratar de dar preferencias a uno u otro idioma cooficial, el texto legislativo incide en el «derecho a elegir la lengua base, valenciano o castellano», en los diferentes ciclos educativos y, en el caso del primero «según establece un artículo de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, en los territorios castellanohablantes, la incorporación del valenciano se llevará a cabo de manera progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística».

En esta misma línea, el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha subrayado esta semana que el principal objetivo buscado con esta ley apunta a «cambiar el modelo de imposición del anterior Gobierno del Botànic por uno de promoción del valenciano», después del Pleno de las Cortes Valencianas en el que ha arrancado su tramitación parlamentaria como Proposición de Ley.

Sobre todo, la forma de «fomentarlo» e «incentivar» su estudio se fundamente en que el alumno conseguirá titulaciones de valenciano por estudiarlo durante su escolarización, con diferentes niveles de certificación, por ejemplo, el C1 si obtiene una nota igual o superior a 7 en Bachillerato.

En el apartado específico de los exámenes (artículo 20), dentro del 'Título IV: Uso de las lenguas cooficiales en los centros educativos', se deja «a su elección» (del alumno) en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, «en las materias no lingüísticas, con independencia de la lengua vehicular de estas», es decir, en el idioma base en que se imparte la asignatura. Y tanto para las evaluaciones parciales como la final.

No obstante, varias asociaciones, entidades y sindicatos han reclamado que esta garantía se extienda también a la Educación Primaria. Hablamos Español, por ejemplo, ha revelado un caso llamativo de un niño de nueve años de edad que en un centro educativo de la provincia de Valencia ha visto cómo le suspendían un examen de la materia Conocimiento del medio a pesar de que tenía un 9 de nota por la única razón de haberlo hecho en castellano, por lo que la siguiente prueba la ha realizado en ambos idiomas, con un esfuerzo añadido en el mismo tiempo que sus compañeros.

Esta asociación que preside Gloria Lago ha asegurado que ha asesorado a varias familias en situaciones similares en las que se les niega a sus hijos cumplir con las evaluaciones en castellano.

Igualmente, la plataforma de padres y docentes Idiomas y Educación ha reivindicado esa misma equiparación para todas las edades sin excepciones, además de aplicarlo al material escolar y libros de texto. Y también la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE-CV), mayoritaria en este grupo profesional, ha anunciado su intención de hacer esta petición de los exámenes en Primaria con libertad idiomática durante el periodo de consulta pública de la ley educativa del Gobierno de Carlos Mazón.