La normativa del Ministerio de Trabajo permite a Mónica Oltra cobrar 1.300 euros de paro
El SEPE contempla la protección por desempleo para las personas que cesen de un cargo público o sindical en los casos que la salida sea «involuntaria»
Cese a petición propia o involuntario: el matiz legal que permite a Mónica Oltra cobrar el paro
Un diputado de las Cortes Valencianas denuncia a Ximo Puig y la exvicepresidenta al entender que convirtieron su dimisión en una destitución para que percibiera la prestación
Imagen de archivo de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra
«Quedan incluidas en la protección por desempleo las personas que ocupen altos cargos de las administraciones públicas que no sean funcionarios o funcionarias y tengan dedicación exclusiva y las que ocupen cargos representativos en sindicatos, con dedicación exclusiva o parcial y desempeñen funciones de ... dirección, siempre que unos y otros perciban retribuciones». La normativa del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, permite que los políticos que dejen sus cargos cobren del paro. Así consta en el artículo 264 de la Ley General de Seguridad Social.
Este es el caso de Mónica Oltra. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana desveló este domingo en una entrevista en La Sexta que percibe una prestación por desempleo de algo más de 1.300 euros mensuales. La reglamentación difundida por el SEPE en su página web no distingue entre salidas voluntarias o destituciones a la hora de garantizar el cobro del paro. Sin embargo, el artículo 267 de la Ley General de Seguridad Social establece que los altos cargos se encontrarán en situación legal de desempleo «cuando se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo».
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La dirigente de Compromís dejó su acta de diputada en las Cortes Valencianas el pasado mes de junio tras ser imputada en la causa judicial que investiga la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por la que fue condenado a cinco años de prisión su exmarido Luis Eduardo Ramírez Icardi.
Mónica Oltra también presentó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat, consellera de Igualdad, portavoz y secretaria del Ejecutivo autonómico. Esta es la última ocupación que figura en su ficha del SEPE. En la actualidad, la que fuera «número dos» del Gobierno de Ximo Puig va a realizar cursillos como cualquier otro parado -en su caso de soldadura- y conforme informó ABC, Mónica Oltra, licenciada en Derecho y madre de dos hijos, opta a entrar en la bolsa de trabajo de asesores jurídicos del Ayuntamiento de la localidad valenciana de Torrent.
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Aunque el SEPE deja claro que las personas que ocupen altos cargos de las administraciones públicas y cesen en su actividad tienen derecho a la prestación de desempleo, el diputado de las Cortes Valencianas Vicente Fernández ha presentado una ante el Tribunal Superior de Justicia contra Puig y Oltra al entender que han cometido los delitos de «prevaricación y malversación».
Denuncia ante el TSJ
Según avanza Las Provincias, el parlamentario perteneciente al grupo de los no adscritos desde junio de 2017 tras abandonar Ciudadanos, entiende que pese a que Mónica Oltra anunció públicamente su dimisión, la Generalitat le dio forma de cese para que pudiese cobrar del paro.
En realidad, el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha empleado la fórmula del cese de funciones en las últimas salidas de los miembros del Gobierno tanto si su marcha ha sido voluntaria (como los casos de la propia Oltra o de Vicent Marzà) o forzosa (la exconsellera de Sanidad Ana Barceló es uno de esos ejemplos). Por contra, en otros casos, como el del exvicepresidente Rubén Martínez Dalmau o la exconsellera Carmen Montón sí se explicitó que se trataba de un «cese a petición propia».
La normativa publicada por el SEPE que regula las prestaciones por desempleo de altos cargos políticos o sindicales no distingue entre dimisiones o destituciones como causa del cese de la actividad en las Administraciones Públicas. Sin embargo, la Ley General de Seguridad Social matiza que la situación legal de desempleo se adquiere en el caso de «cese involuntario».
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