Mónica Oltra se opone a la prórroga de la instrucción del caso sobre la gestión de los abusos de su exmarido

De acuerdo con el documento -de fecha, 21 de abril- al que ha tenido acceso ABC, la exportavoz del Gobierno valenciano sostiene que «no concurre» ninguno de los requisitos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prórroga de la instrucción, «al no concretarse la existencia de diligencia de investigación pendiente de practicar y la relevancia de las mismas».

Asimismo, añade que «la larga y excesiva» duración de la investigación, así como la naturaleza secreta de diversas diligencias constituyen, «cuanto menos, anomalías procesales que deben mantenerse con criterio restrictivo». De lo contrario -mantiene-, «se corre el riesgo de profundizar en una dinámica de causa general y de naturaleza prospectiva atentatoria de derechos fundamentales».

Por contra, una de las acusaciones populares, encabezada por la asociación Gobierna-te de Cristina Seguí, ha solicitado llevar a cabo la citada prórroga al considerar que existen diligencias pendientes y la «complejidad» de las pesquisas, pendientes del análisis de los correos electrónicos que se intercambiaron diferentes investigados.

Según informó este periódico el pasado mes de febrero, el magistrado prorrogó un mes más el secreto de la pieza separada abierta por los 'emails' los imputados porque los motivos por lo que se declararon secretas las actuaciones «no variaron» y seguía siendo «necesario para el éxito de la instrucción» no dar parte todavía a los implicados.

Una extensión que llegó poco después de que la Audiencia de Valencia ordenada la incorporación de las comunicaciones oficiales de los investigados entre octubre y diciembre de 2019, que se sumaron a los marcos temporales comprendidos entre febrero y marzo de 2017 y julio y diciembre del mismo año.

La prórroga de la instrucción que trata de esclarecer si la Conselleria encabezada por Mónica Oltra trató de ocultar el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años por parte de su expareja, finaliza este mes de abril. En ella, también ejercen de acusación popular Vox y el letrado y líder de España, José Luis Roberto, defiende a la víctima.

La exlíder de Compromís dirigía este departamento cuando tuvieron lugar los abusos, entre los años 2016 y 2017, en una residencia concertada de Valencia en la que su exmarido trabajaba de monitor. El agresor fue condenado a cinco años de prisión, a la espera de que se resuelva su recurso en el Tribunal Supremo.