Mónica Oltra niega al juez que ordenara abrir una investigación paralela a la judicial sobre los abusos de su exmarido

En la causa figuran como investigados otros once funcionarios del departamento autonómico y dos trabajadores del centro concertado en el que ocurrieron los hechos y trabajaba el educador Luis Ramírez Icardi. Oltra es la única de todos ellos que todavía no había sido llamada a sede judicial.

Fuentes jurídicas presentes en la sala han explicado a ABC que el juez instructor Vicente Ríos ha centrado la primera parte de la declaración -que alcanza ya las cinco horas de duración y continuará esta tarde tras un receso para comer- preguntando a la exconsellera por su opinión sobre la actuación de los técnicos de Igualdad y la normativa en vigor en el momento de los hechos relativa a la protección de los menores bajo tutela.

Oltra ha insistido en que, pese a que convivía con el agresor, no conoció los abusos hasta el 4 de agosto, cuando recibió una notificación judicial -una orden de alejamiento- en su casa. Por tanto, tampoco tenía constancia de los pasos que los técnicos iban dando desde febrero, cuando la víctima los relató por primera vez. Del mismo modo, ha asegurado que desconoce si en la residencia Niño Jesús de Valencia sabían de la relación del monitor con la entonces vicepresidenta valenciana. Fue este, de hecho, uno de los motivos por los que la menor era reticente a revelar los hechos en un principio.

Uno de los puntos más importantes de la causa es el expediente abierto el 8 de agosto, cuando el asunto estaba judicializado. Un informe reservado que, según el juez, se utilizó para desacreditar a la víctima y fue ordenado verbalmente por la dirigente. Tras dar dos versiones contradictorias ante los medios, Oltra ha reiterado que no tuvo nada que ver en la apertura de esa investigación. De hecho, ha defendido en reiteradas ocasiones, y ante las preguntas de Ríos, que no dio instrucciones a sus subordinados en ningún momento sobre cómo proceder en este caso, más allá de que se asegurara la protección de la niña.

El magistrado ha decidido que no se grabe la comparecencia, como ocurre habitualmente para que las partes puedan revisarla más tarde, con el objetivo de evitar una más que probable filtración del vídeo a los medios de comunicación, como ya ha ocurrido en alguna ocasión a lo largo de este proceso.

La dirigente de Compromís estaba citada a las nueve y media de la mañana y debe responder a las preguntas del titular de Instrucción número 15, que pidió su imputación al Tribunal Superior de Justicia antes de que perdiera su condición de aforada cuando renunció a su escaño de diputada en las Cortes Valencianas.

Tras analizar toda la documentación que obra en la causa, el juez tendrá que decidir si los «indicios serios, racionales, sólidos y fundados» que cree que existen contra ella son suficientes como para procesarla y abrir juicio oral. En Compromís ven posible que el asunto se archive y Oltra pueda ser su cabeza de cartel a la Generalitat para las elecciones del próximo año. De hecho, se ha incluido en el texto que regula las primarias de la coalición un apartado en el que se deja la puerta abierta a, «en cualquier momento previamente a la legalización de las listas electorales, incluir modificaciones en la lista electoral con personalidades de Compromís».

En ese sentido, el último movimiento de la defensa de la exvicepresidenta ha sido solicitar que las acusaciones populares –la asociación de Cristina Seguí y Vox- actúen como una sola para evitar que se dilate el proceso ante las mismas peticiones y argumentos. El PP todavía duda sobre si se personara o no, a la espera de la declaración de la dirigente.

El agresor fue condenado a cinco años de prisión y está a la espera de que se resuelva su recurso en el Supremo. Fue precisamente el fallo de la Audiencia de Valencia, en el que se incidía en la desprotección a la que había sido sometida la víctima por parte de la Administración, lo que motivó al abogado de la menor, el líder de España 2000 José Luis Roberto, a denunciar ante los tribunales. Una querella paralela de Seguí hizo que ambos procedimientos se sumaran en uno y dieran pie a la causa abierta en la actualidad.

Hasta seis pronunciamientos judiciales han puesto en entredicho la gestión de la Generalitat en este caso desde que en febrero de 2017 la víctima relatara los abusos. Desde el centro de menores no se dio credibilidad al testimonio de la joven y tampoco se le derivó al Instituto Espill, especializado en este tipo de casos. No fue hasta junio cuando la Fiscalía tuvo conocimiento de lo ocurrido y se judicializaron los hechos.

Por ello, el fiscal, tras la petición de las acusaciones y a la espera de lo que decida el magistrado, se ha mostrado favorable a recopilar las comunicaciones entre los imputados durante ese periodo que se investiga.

En un escrito fechado en abril de 2022, el juez instructor puso el foco en que «los hechos afectaban de forma muy relevante» a la dirigente, «no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas, ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido».

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana entendió que la gestión -el «plan preestablecido»- de Oltra y su equipo podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Del mismo modo, el último auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano -antes de que la causa volviera a Instrucción 15- apuntó a «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Mónica Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política» de esta.

A las dudas sobre la falta de protocolos del magistrado Vicente Ríos, se suma un elemento clave en toda esta cuestión, que motiva gran parte de las sospechas que se ciernen sobre la entonces máxima responsable de los menores bajo tutela. Cuatro días después de la llegada de una orden de alejamiento a la casa que la consellera compartía con el educador -el 4 de agosto de 2017, momento en el que Oltra siempre ha defendido que conoció los hechos-, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos».

Una «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», según Ríos, que se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado». «Al nivel propio de los indicios, no existió en sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos», defendió el instructor.

¿Quién mandó abrir ese expediente? Es otro de los puntos más controvertidos del caso. El juez apunta a una orden verbal de la propia Mónica Oltra. En su comparecencia en las Cortes Valencianas en abril de 2021, la exconsellera aseguró que, al conocer los abusos, pidió a sus subordinados que se recopilara toda la información para entender qué había ocurrido y se asegurara la protección de la menor. No hizo referencia al informe.

Preguntada por los periodistas casi un año después, en marzo de 2022, Oltra aseveró que había sido ella quien había encargado ese documento, denominado «Información Reservada 1/2017». «Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: «Oiga averígüese aquí que ha pasado». El juez pidió el audio de esas declaraciones a un medio de comunicación.

Pocos días después, durante sus comparecencias como imputadas en sede judicial, tanto la directora como la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero y Gemma Plaza, negaron taxativamente que Oltra hubiera dado cualquier directriz. Ambas defendieron que actuaron por su cuenta cuando tuvieron conocimiento de los hechos por parte de la dirección territorial.

Esa misma semana la exportavoz del Consell se desdijo y aseguró que ni siquiera había hablado con la directora general durante esos días. Sus palabras se enmarcaban, incidió, dentro de «un ámbito de declaración política de apoyo» a los trabajadores de Igualdad, «en respuesta a una cacería de la extrema derecha».

La de este lunes será la primera aparición pública de la exvicepresidenta tras su dimisión el pasado mes de junio, forzada por la fuerte presión que ejercieron algunas voces dentro de sus propio partido y sus socios del PSPV en el Gobierno que lidera Ximo Puig, a quien lanzó varios dardos durante la improvisada comparecencia en la que anunció su marcha.