«El suspenso de la asignatura no corresponde a criterios pedagógicos, sino ideológicos», expone la entidad presidida por Gloria Lago en su web, dentro del espacio para suscribir su respaldo a esta campaña en la opinión pública, ideada para pedir que «el Gobierno valenciano no castigue» a esta alumna por la única razón de realizar la prueba de evaluación en su lengua materna, cooficial.
«Su examen merece un Notable, pero no se lo han corregido y le han puesto un suspenso. Creemos que se han aplicado criterios de calificación de ilegales», añade la representante de este asociación, de profesión docente, acerca de este episodio traumático para la escolar en un centro educativo de la ciudad de Valencia -del que no tiene queja-, que se produjo durante el curso pasado. Actualmente, sigue sus clases con normalidad en el siguiente año académico sin repetir, ya que tenía el resto de asignaturas aprobadas.
Desde la Conselleria de Educación, han señalado que esta situación se produjo durante la anterior legislatura, con otros responsables al frente del departamento y en virtud de la Ley de Plurilingüismo, en proceso de doble reforma, una urgente para eliminar esta obligatoriedad idiomática en materias troncales, y otra más en profundidad en fase de estudio y elaboración.
No obstante, desde Hablamos Español sugieren a la Generalitat Valenciana comunicar a los centros una «instrucción» provisional antes de estos cambios legislativos, más lentos. «No es un caso aislado, hay más alumnos afectados por hacer sus exámenes en español y no se puede anteponer los derechos de las lenguas a los derechos de los niños y su mejor educación», argumentan al respecto, para pedir la celeridad de una medida inmediata para situaciones que vienen del pasado.
«La libertad de realizar los exámenes y trabajos en la lengua del alumno es un derecho que debemos reclamar por razones de justicia, de sentido común y también por motivos pedagógicos», ha abundado Lago. «Además, es un útil y sencillo paliativo ante la imposición lingüística. Aunque no resuelve el problema, ayuda a que sea menos lesivo», a su juicio, no sólo en este ámbito geográfico: «Es un derecho por el que vamos a luchar en todas las comunidades con lengua regional. En la Comunidad Valenciana debería aplicarse ya, mientras se aprueba una nueva normativa»
De momento, muchos se han volcado solidarizándose con el caso concreto de esta niña, a raíz de su difusión en ABC denunciado por Hablamos Español, que se planteó un objetivo inicial de recabar mil firmas, ya superado en menos de 24 horas con 1.036 en el momento de la publicación de esta noticia.
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