Mazón suprimirá la «Policía Lingüística» y la imposición del valenciano en las zonas castellanoparlantes

De esta forma, ha iniciado el desmantelamiento de lo que considera las imposiciones del valenciano sobre el castellano en las aulas -una impresión compartida por buena parte de la comunidad educativa- mediante cambios normativos para el próximo curso académico 2024-25.

Como ya publicó ABC, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, anunció hace unos días una reforma «urgente» de la Ley de Plurilingüismo, que ya ha quedado plasmada en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 2024.

Este documento saldrá adelante con toda seguridad en las Cortes Valenciana para su aprobación, gracias a la mayoría parlamentaria de PP y Vox, partido este último que ha mostrado su respaldo a estos cambios en la política lingüística.

Es más, tras esta modificación «puntual», aprovechando el instrumento de esa Ley de Acompañamiento presupuestario, el conseller Rovira anticipó que se acometerá otra más en profundidad.

Antes, en línea de lo prometido por Carlos Mazón, se prevé ya la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), percibida como una «Policía Lingüística» que tenía como finalidad recabar denuncias por el empleo del castellano en lugar del valenciano, procedentes de diferentes ámbitos, desde la Universidad a los centros educativos o las familias de alumnos. No obstante, este organismo no tenía capacidad sancionadora.

Ahora, los procedimientos iniciados con anterioridad a su cierre, relativos a quejas, sugerencias y consultas iniciados a instancia de una parte ante la ODL, se tramitarán y resolverán de acuerdo con las disposiciones legales vigente en el momento en que se presentaron.

En cambio, quedarán archivados aquellos asuntos iniciados de oficio por este organismo autonómico.

Esta oficina se abrió siendo director de Política Lingüística Rubén Trenzano, dentro del equipo del conseller de Educación Vicent Marzà (Compromís), y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó varios apartados fundamentales de su funcionamiento.

El otro frente de acción de estas novedades apunta a las zonas de predominio castellanohablante, donde la cuota del 25% de clases en valenciano se acabará con este curso que acaba de arrancar.

El conseller Rovira ha enfatizado en varias ocasiones que nadie le ha podido «explicar» cómo un alumno exento de la asignatura de valenciano está hoy obligado a aprender otras materias troncales -como matemáticas o historia- en valenciano.

No obstante, también ha anticipado que su meta es que «todos los niñosaprendan valenciano», por lo que no es partidario de mantener la exención en ningún municipio.

El mapa establecido por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano contabiliza 144 localidades de las 542 de la Comunidad Valenciana donde predomina el uso del castellano, concentradas en comarcas limítrofes con Aragón por el norte (provincia de Castellón), Castilla-La Mancha en el interior de la provincia de Valencia, y partes del interior y el sur de Alicante, lindando con Murcia.

En este contexto, cobra actualidad el posible cambio de la ciudad de Alicante, el segundo mayor núcleo de población de la Comunidad Valenciana, considerada por el momento de predominio valencianohablante, aunque los estudios demográficos y sondeos no apuntan a esa realidad, y que podría catalogarse como castellanohablante.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital va a intentar de nuevo sacar adelante su propuesta en ese sentido, con más probabilidades en esta ocasión porque anteriormente no prosperó por la oposición o la abstención de Ciudadanos, hoy sin representación en la Corporación.