Mazón intenta retomar su hoja de ruta anterior a la dana: señas de identidad, libertad educativa y rebajas fiscales

Ajeno al ruido de las protestas de varias asociaciones de víctimas, que insisten en pedir su dimisión, Mazón ha arrancado su discurso de apertura con un recuerdo a los afectados por la riada. «La prioridad» del Consell, ha defendido. Así, ha afirmado que este debate «no puede sostener el golpe» que sufrieron los valencianos cuando la naturaleza «nos sometió a una prueba sin precedentes». «Todavía es una cicatriz visible y dolorosa», una «herida emocional y colectiva que nos acompañará siempre», añadió.

Al respecto, ha defendido que el pueblo valenciano nunca se dará por «vencido» y ha ofrecido su «firme voluntad de trabajar codo con codo» para poder «sanar la herida lo más pronto posible» y «recuperar la normalidad, la seguridad y la tranquilidad». El Debate de Política General era especial y estaba marcado en rojo en el calendario. Uno, porque responde a la democrática rendición de cuentas al Gobierno de la Generalitat; y dos, que destaca la «multiplicación» de esfuerzos de trabajadores públicos, privados y anónimos para dejar atrás las consecuencias de la dana del 29 de octubre.

«La Comunidad Valenciana está demostrando sus capacidades para ponerse en pie, como lo hizo después de la riada de Valencia del 57, la pantanada de Tous del 82 o la dana de la Vega Baja de 2019», ha señalado Mazón. «Porque aquí, en esta tierra, la resignación no ha sido nunca una opción. En esta tierra no», ha enfatizado. Para los afectados, ha anunciado otros 30 millones de euros en ayudas directas para quien perdieron o vieron dañadas sus viviendas, así como un cheque bebé, una ayuda de 500 euros para material escolar y nuevas subvenciones para librerías, bibliotecas y centrales de distribución de libros.

Pero Mazón ha querido mirar más allá de la dana. Es conocedor, como aventuró el pasado mes de noviembre en el mismo Parlamento autonómico, que su futuro se encuentra intrínsecamente ligado a la reconstrucción, pero que necesitará más para optar a la reelección como presidente de la Generalitat. Y en esa hoja de ruta, ha recuperado el debate identitario para tomar posición en la agenda política que seguirá a las consecuencias de la barrancada.

Mazón ha avanzado que impulsará el proceso para proponer el cambio de la ley reguladora de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con la «reforma pertinente» del Estatut d'Autonomia al ser una institución estatutaria, para renombrarla como «Acadèmia de la Llengua Valenciana», con un «perímetro ajustado» que permita «defender su realidad diferenciada».

Sobre esto, ha recordado que la AVL se creó para «alejar un conflicto perturbador y estéril» respecto al valenciano y ha criticado que el anterior gobierno del socialista Ximo Puig «aprobó criterios lingüísticos separados» de los que disponía la propia institución lingüística. «Hemos visto hace bien poco cómo la presencia y defensa del valenciano como lengua propia, única, singular, diferenciada e inigualable se ha diluido de manera incomprensible, y la máxima institución [la AVL] ni siquiera se ha pronunciado sobre esa realidad», ha criticado en relación a la negativa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de pedir la oficialidad del valenciano en la Unión Europea, como sí hará con el catalán, el gallego y el euskera.

No obstante, la propuesta de cambiar el nombre de la AVL obligaría a una reforma del Estatuto de Autonomía requeriría una mayoría de dos tercios de los 99 diputados de las Cortes Valencianos, por lo que a Mazón no le bastaría con el apoyo de Vox y necesitaría el respaldo de PSPV-PSOE o Compromís, algo que parece francamente improbable en esta materia.

En paralelo, el jefe del Consell prometió de nuevo implantar una Ley de Señas de Identidad Valenciana que rechace y repudie cualquier vinculación con la «ensoñación» de los «países catalanes», para lo que se ha comprometido a «adelantar los trabajos» durante este curso con el objetivo de «proteger y mejorar nuestras singularidades y el respeto que nos merecemos».

En materia sanitaria, Mazón ha avanzado que desplegará la Historia Clínica Única que «va a suponer un salto cualitativo» en la atención sanitaria de manera que un médico que atienda en Vinaròs a un paciente de Ontinyent pueda acceder a todo su expediente clínico. Esta medida se pondrá en marcha en octubre en el Área Sanitaria Valencia-Oeste y se extenderá al resto de departamentos de manera progresiva.

Asimismo, iniciará el proyecto para que la tarjeta SIP pueda ser utilizada también en los servicios sociales y pondrá en marcha la construcción de un Ciclotrón en el Hospital La Fe de Valencia que «colocará a la región en la vanguardia de la medicina de precisión y la investigación biomédica en España y en Europa».

En cuanto a Educación, el barón 'popular' ha señalado que tratará de blindar la ley que asegura la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, que no se ha podido llevar a cabo a causa de las riadas, y que aumentará el número de horas lectivas en lenguas y matemáticas al tiempo que se establecerá un tiempo específico en las escuelas para el fomento de la lectura. Asimismo, se incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato.

Como medidas destinadas a las universidades, ha anunciado que el próximo lunes y «después de décadas de espera» se firmará el Acuerdo Plurianual de Financiación de las cinco Universidades Públicas Valencianas hasta el año 2029 con el propósito de «garantizar la suficiencia financiera del sistema de enseñanza superior valenciano para que nuestras universidades cumplan con su objetivo de formar a nuestros jóvenes y generar conocimiento».

Igualmente, se van a iniciar los trámites para que los estudiantes de la Comunidad Valenciana puedan elegir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o decidir cuál de las dos notas computa con el objetivo de que ningún alumno, por examinarse de una asignatura más, no pueda acceder a la universidad deseada y ejercer su verdadera vocación.

Respecto a la problemática de la vivienda, Mazón ha indicado que licitará un millar de viviendas de protección pública en Alicante, El Puig, Manises, València y Benicarló que se suman a las de Albal y Torrent, y que supondrá una inversión de más de 160 millones de euro y beneficiará a más de 2500 personas, de las que un 40% obligatoriamente serán jóvenes.

De igual manera, pondrá en marcha un Plan Integral contra la Ocupación con una oficina de apoyo para los afectados y subvenciones de 1.000 euros para gastos jurídicos de los propietarios. El presidente ha anunciado una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión para fomentar la empleabilidad y la puesta en práctica de la tercera fase de la reforma fiscal que incluirá, «por primera vez en la historia», deducciones para favorecer la práctica y el aprendizaje de la música.

Así, serán deducibles la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música tanto públicas como privadas, los gastos vinculados a formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios de sociedades musicales y la asistencia a conciertos.