Mazón recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes impuesto por el Gobierno central

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Caramero, durante la atención a medios posterior a la reunión del pleno del Consell, en el que también se ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Tal y como ha subrayado Camarero, desde el Consell denuncian que la norma «vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana» en materia de asistencia social y protección de menores, además de quebrantar los principios de cooperación institucional, lealtad Constitucional y colaboración.

Por otra parte, también ha apuntado que quebranta el principio de autonomía financiera por obligar a la Generalitat a asumir un gasto que no ha sido previsto en sus presupuestos, ni acompañado de una dotación financiera estatal «adecuada para atender a los menores». «El decreto obliga a las comunidades autónomas a acoger y atender a estos menores, pero no prevé ni un solo euro para hacerlo», ha añadido.

La vicepresidenta también ha recordado que el pasado 1 de abril el Consell ya autorizó a la Abogacía a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley y solicitar al Consell Jurídic Consultiu la emisión del preceptivo dictamen.

Además, el Consell considera «injustificable» regular por decreto ley estas competencias puesto que «afectan a derechos y deberes fundamentales», recogidos en el Título I de la Constitución; y también critica la «falta de diálogo institucional».