Mazón se planta ante el separatismo en el Senado: «La Comunidad Valenciana no es Cataluña»

Así de contundente se ha mostrado el líder del PPCV durante su intervención en la Comisión de las Comunidades Autónomas convocada por su partido para escenificar su rechazo a la amnistía. En su discurso, que ha contado con partes en castellano y en valenciano, ha subrayado que «en democracia todos valemos lo mismo y todos los votos valen lo mismo» y, ha avisado a Sánchez de que «los chantajes no acaban nunca si el chantajeado no se planta». «Quien gobierna desde el egoísmo lo tiene más fácil a la hora de hablar con otros egoístas», ha recalcado.

Mazón, arropado por el resto de barones del PP, ha insistido en reclamar igualdad de oportunidades y alejarse de cualquier «espejismo» de la democracia, prometiendo que la Generalitat Valenciana «siempre estará al lado del consenso y será una barrera contra la desigualdad».

«Por si quedaba alguna duda», Mazón ha defendido que con la intervención previa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y con la ausencia de los líderes socialistas en esta comisión ha quedado claro que «el independentismo tendrá su amnistía y Sánchez tendrá su investidura».

«No sabemos qué gobierno tendrá España ni qué España tendrá este gobierno. Está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar», ha avisado, lo que a su juicio dará alas a «discursos peligrosos y populistas que se alimentan de la desilusión».

Sobre la amnistía, Mazón ha denunciado que su validación supondrá premiar el «egoísmo» e ir en contra de la ley, algo que considera «sería inimaginable en cualquier estado de la Unión Europea». Incluso, se ha atrevido a sostener que se basaría en un discurso «rancio y viejo» vinculado a los estamentos del Antiguo Régimen.

«La Constitución no se aprobó para que oigamos a Sánchez decir que esto es así porque yo lo valgo», ha exclamado, ya que ha afirmado sentir estupor ante los que dicen que la amnistía es necesaria y que «no hay más remedio».

Así las cosas, ha instado a los miembros del Senado a que «reaccionen ante un ataque inaudito al estado de las autonomías». «La pluralidad territorial no tiene monopolio, y mucho menos los que se encierran en discursos que abonan la confrontación», ha abundado al mismo tiempo que alertaba que esta vía aboca a «una España más débil».

En clave autonómica, Mazón ha reiterado que durante las dos últimas legislaturas de los gobiernos del Botànic, presididos por el socialista Ximo Puig, en la región se ha vivido una suerte de «'procés' a la valenciana» en el que «se alimentó la idea de que existían valencianos buenos y malos» según cómo actuaban o qué lengua utilizaban.

Asimismo, ha vuelto a rechazar la Ley de Plurilingüismo por imponer «zonas lingüísticas de segunda», en alusión a las castellanoparlantes, y ha criticado que el anterior Ejecutivo autonómico se prestara «como avanzadilla de esa ensoñación de los 'países catalanes' en los que solo ellos creen», por lo que también ha rechazado la afirmación de Aragonès de que la lengua catalana va «de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón». «No solo es una ensoñación: es un dislate y un insulto», ha recalcado.

En cuanto a las reivindicaciones valencianas, Mazón ha puesto en valor la ampliación del puerto de Valencia, el Corredor Mediterráneo, la reforma del sistema de financiación autonómica, el gasto sanitario por los desplazados o la igualdad en las inversiones estatales. Cuestiones que, ha subrayado, forman parte de la agenda de todos los españoles.

Respecto al problema de la infrafinanciación, ha reiterado que no se resolverá si no se reforma de forma justa y proporcionada y sin excepciones ni privilegios. «Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de quedarnos con las migajas del banquete de quien ha preferido poner precio a sus votos para satisfacer la vanidad de una sola persona», ha recalcado.

En paralelo, Mazón ha ilustrado su postura con la firma esta semana del acuerdo del trasvase Júcar-Vinalopó, una «demanda histórica» fruto del acuerdo y de la «generosidad» que supone «diez años de actividad con certezas» para los agricultores alicantinos.