Mazón blinda por ley las casas en la costa a salvo de los derribos que ordene el Gobierno y da pie a «impugnarlos»
'Les Casetes' de Nules, en Castellón, ya cuenta con protección como Bien de Relevancia Local y la norma crea también «bolsas de suelo» para posibles desahuciados
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El Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón ha blindado con la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana algunas casas edificadas hace décadas en el litoral frente a los derribos que ordene el Gobierno, al considerarlas patrimonio. La medida puede salvar del desahucio a muchos residentes que se han movilizado en protestas en Alicante, Valencia y Castellón.
Durante una jornada informativa, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha detallado que esta legislación autonómica sirve para acoger cuestiones que no tienen «solución adecuada en la norma estatal, como los núcleos costeros tradicionales, las zonas de marjal o la compatibilidad entre los usos humanos en la costa y sus valores naturales».
En este sentido, ha avanzado que se «reafirma el compromiso del Consell para ejercer las competencias que nos reconoce el Estatuto de Autonomía». Un posicionamiento de pulso al Gobierno, que con la Ley de Costas en la mano, ya había anunciado derribos y deslindes que se presentaban como traumáticos para los afectados.
Entre los contenidos que recoge la norma de la Generalitat Valenciana, se incluyen medidas como la «vigilancia sobre resoluciones estatales que puedan suponer perjuicio a la costa valenciana o sus habitantes, la creación de un inventario de terrenos costeros degradados y de bolsas de suelo para reordenar espacios que no puedan ser recuperados».
Con estos mecanismos, se abre una esperanza en municipios como Denia (Alicante), Valencia y los castellonenses Torreblanca, Cabanes y Nules. En este último caso, ya se han protegido las pintorescas 'Casetes' con la declaración como Bien de Relevancia Local.
«Llevar a los tribunales cualquier acción del Gobierno»
La normativa también permitirá «impugnar y llevar a los tribunales cualquier acción del Gobierno en la costa, especialmente los deslindes que hacen perder territorio», según el conseller. «Las casetas de Nules son un ejemplo y para el Consell esto es patrimonio valenciano y hay que conservarlo por su tipología», ha sentenciado.
El titular de Medio Ambiente ha recordado también que en la Comunitat Valenciana «hay medio centenar de proyectos de regeneración de la costa que no se están ejecutando», lo que, en un contexto marcado por el cambio climático, favorece la regresión de la costa. «Aquí en Nules quedan dos actuaciones de tres pendientes desde hace años», ha concretado, como ejemplo.
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Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que en el Pleno del Consell del próximo 17 de junio «se solicitará formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 del Estatut d'Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa».
Durante la presentación de la ley, ha detallado que en la franja costera conviven el 70% de la población de la Comunitat Valenciana, el medio ambiente y una gran parte del impulso económico. «Debemos seguir manteniendo ese empuje tan nuestro para que la costa continúe siendo el lugar donde se encuentra el progreso», ha subrayado.
Asimismo, es la primera norma valenciana «sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, al evitar cualquier acción u omisión que provoque daños en ella» y, entre otros, «se protege especialmente la Posidonia, verdadero pulmón del mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras», según Mazón.
Un problema elevado al Congreso
Más allá del ámbito de la Comunidad Valenciana, este problema se ha elevado al debate político nacional. Así, el Pleno del Congreso ha acordado este martes, pese al voto en contra de los partidos del Gobierno de coalición, tomar en consideración una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas con el objetivo de preservarconjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
En el debate, el PSOE y Sumarrechazaron la iniciativa acusando a los 'populares' de querer hacer un «traje a medida» para «especuladores», e incluso llegaron a tacharla de inconstitucional.
«Empatizamos con las personas afectadas, sin embargo, esta iniciativa que plantea el grupo popular es inconstitucional por una parte y negacionista del cambio climático por otra: ni protege la costa ni da seguridad a los afectados y se salta la legalidad únicamente por el interés de quien especula», señaló el diputado socialista Víctor Camino Miñana.
Pero los partidos del Gobierno han sido derrotados y la iniciativa del PP ha pasado este primer examen gracias al apoyo de Vox y algunos de los socios habituales del Gobierno como el PNV y Esquerra Republicana.
El diputado del PP Carlos Gil Santiago quiso dejar claro a la hora de defender la iniciativa que los 'populares' no están hablando de «construcciones ilegales» ni «pelotazos urbanísticos», sino de viviendas humildes, de construcciones de baja densidad, integradas y arraigadas en un entorno paisajístico y cultural que «nada gana con su desaparición».
En este sentido, ha recordado que el «principal» problema de la demora en la tramitación de la modificación de la Ley de Costas es que sus efectos «son irreversibles». «Cada propiedad que despojan, cada inmueble que derriban es insustituible», ha lamentado.
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