La ley de Libertad Educativa de Mazón encaja en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias al dejar elegir a las familias

No obstante, el último informe de cumplimiento de este documento comunitario, que se acaba de hacer público, señala que esta normativa amenaza su aprendizaje en las zonas de predominio del uso del castellano, aunque menciona a «representantes de los hablantes» como fuente de información, sin identificar.

De forma recurrente, en el último año varias entidades independentistas y partidarias de los denominados «países catalanes» han difundido fotos de reuniones con los expertos de este departamento del Consejo de Europa, lo que podría explicar este relato sobre los problemas para aprender valenciano en estos territorios.

En este informe, se indica que «según este proyecto de ley, los padres tendrán la responsabilidad de elegir la lengua principal de enseñanza, que representaría hasta el 65% del tiempo lectivo, siendo la otra lengua oficial la utilizada en el 25% del tiempo lectivo (el 10% restante se impartiría en inglés)».

Hasta ahí, una descripción de las novedades introducidas por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, que da la potestad a los progenitores. Paradójicamente, a continuación los autores del balance comunitaria concluyen que «este proyecto de ley no sólo no cumpliría los compromisos del artículo 8 de la Carta, sino que empeoraría la posición del valenciano en el modelo educativo de la Comunidad Valenciana», en concreto, en las zonas de predominio del uso del castellano.

En el citado artículo del documento europeo, el texto no parece afirmar tal cosa. Literalmente, especifica lo siguiente: «En materia de educación y en lo que respecta a territorios distintos a aquellos en los que son habladas tradicionalmente las lenguas regionales o minoritarias, las partes se comprometen, si el número de hablantes de la lengua regional o minoritaria lo justifica, a permitir, estimular o prever enseñanza en/o de las lenguas regionales o minoritarias en todos los estadios apropiados de la educación».

Es decir, incluso se alude a que haya suficientes personas que se comuniquen en ese idioma -en este caso, en valenciano- cuando la Generalitat ni siquiera tiene en cuenta ese criterio demográfico, sino que se oferta la asignatura de valenciano a todos los alumnos, salvo que pidan la exención, que viene de la normativa anterior y que desaconseja expresamente. De hecho, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, recomienda a las familias que no ejerzan ese derecho y que sus hijos aprendan valenciano, además de incentivarlo con la certificación automática del título acreditativo al concluir la escolarización.

En realidad, aunque este semana han surgido varias voces que interpretan como una desautorización a la nueva ley que deroga la de Plurilingüismo este informe de Bruselas, otras como la asociación Hablamos Español han matizado que la libertad de elegir está garantizada por la Constitución Española.

De hecho, en el artículo 8 de la Carta Europea suscrita por el Gobierno español en 2001 cuando gobernaba José María Aznar, se habla sistemáticamente de «hacer posible la educación» en las lenguas regionales o minoritarias, en ningún momento se plantea mediante la imposición o la obligatoriedad para el conjunto de las asignaturas.

Se añade que debe procurarse esa posibilidad de aprender en este idioma «una parte sustancial» y -ahí radica el quid de la cuestión- «cuando menos para aquellos alumnos cuyas familias así lo requieran y cuyo número sea considerado suficiente».

De nuevo, la ley de Libertad Educativa respeta fielmente ese espíritu al conceder el libre albedrío, además sin cuotas de población ni restricciones.