La ley de concordia de PP y Vox enciende a las Cortes Valencianas: «Dan ganas de enviarlos a la mierda»

Pese a las criticas de la oposición, que considera que ha infringido el reglamento de la Cámara por intereses partidistas, Llanos Massó (Vox) ha iniciado la sesión recordando que la Carta Magna «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Ha sido el arranque de un debate parlamentario -postergado para después de las elecciones europeas- en el que se han puesto sobre la mesa las enmiendas a la totalidad de PSPV-PSOE y Compromís a la polémica ley de concordia de PP y Vox, que se votarán este jueves y no saldrán adelante.

La norma -que equipara a las víctimas de la dictadura franquista con las de la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista y el terrorismo etarra e islámico- se aprobará definitivamente antes del verano con la mayoría de votos de la derecha que gobierna la Generalitat.

La izquierda ha buscado sin éxito mantener la ley de Memoria Democrática que aprobaron en 2017, durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico. En la ronda de intervenciones, la diputada socialista Mercedes Caballero ha llamado a oponerse a esta «contrarreforma» que «blanquea el franquismo» y quiere «devolver al olvido a quienes se opusieron a la dictadura», porque «la democracia no lo aguanta todo».

«Se empieza menospreciando la memoria y se acaba por derogar la dignidad», ha apuntado, al tiempo que ha garantizado que el Gobierno central llevará el texto al Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en Aragón. «Dan ganas de enviarlos a la mierda, pero creo que es mejor que los enviemos a las bibliotecas, así a ver si leen y se enteran de alguna cosa de lo que pasó en este país hace algunos años», ha aseverado Caballero.

En la misma línea, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha calificado la ley como «una nueva venganza de los hijos de los vencedores de la guerra y protectores de la esencia de la dictadura». Navarro ha acusado a sus impulsores de representar «los mismos valores del franquismo» y ha recordado el informe en contra de tres relatores de la ONU.

Ese documento, firmado por expertos independientes que trabajan voluntariamente para Naciones Unidas, subraya que la iniciativa «podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas» durante la dictadura y la guerra civil a «un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», lo que quitaría «el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenares de miles de víctimas», incluyendo «ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas».

Por contra, el síndic de Vox, José María Llanos, ha calificado a los socialistas como «tontos, cómicos y absurdos» por proponer la ley vigente como texto alternativo a la de concordia. El objetivo de la nueva norma, según Llanos, es «abrir todos los debates» que la izquierda cerró cuando estaba en el poder.

También ha habido criticas a la gestión del Botànic por parte de la diputada del PP Marisa Gayo, que ha reprochado a PSPV y Compromís que «no hicieron nada» para desplegar su normativa. Un «fracaso» que, a su juicio, ahora enmiendan los populares y Vox, pues este nuevo texto legal protegerá a «todas las víctimas», incluidas las personas afectadas por casos de bebés robados.

En paralelo a este debate en el hemiciclo, el propio Llanos y el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Barrachina, han anunciado en una comparecencia que sus grupos citarán a los exconsellers de Educación y Justicia durante el Gobierno de Ximo Puig en la comisión de investigación del sector público instrumental desde 2015. De hecho, no descartan citar al propio Puig.

Vicent Marzà -eurodiputado de Compromís-Sumar- y Gabriela Bravo -vicepresidenta segunda de la Mesa de Les Corts por el PSPV- son algunos de los exaltos cargos propuestos entre más de cuarenta comparecientes, aunque los primeros serán los representantes de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes.

En ese listado también están el exdirector general de Emergencias José María Ángel; el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu; la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Anaïs Menguzzato; la exdirectora del IVAM Nuria Enguita o el exdirector del Consorci de Museus José Luis Pérez Pont.

«Según se desprende de los diferentes informes hay 51 organismos públicos en los que se han detectado irregularidades», ha explicado Barrachina. «El objetivo es evitar el derroche que ha sufrido el sector público instrumental durante los gobiernos del Botànic que tenía un 47 por ciento de gasto público y evitar las irregularidades que era la conducta normal ya que en un solo año hubo 5.046 contratos de trabajo sin autorización de la Dirección General de Presupuestos, así como 247.000 contratos a dedo», ha incidido.

Desde la oposición han criticado que no se quiera investigar todo el periodo anterior en el que se encadenaron gobiernos del PP. Los socialistas han solicitado la comparecencia de los exconsellers de Hacienda Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Carlos Moragues, o la de los directivos de empresas y entidades del sector público instrumental de 2011 a 2015. Mientras, Compromís ha reclamado que se cite a buena parte de los directores autonómicos y secretarios generales que formaban parte del Ejecutivo del popular Alberto Fabra en 2015, antes de que el Botànic accediera al poder.