«La lengua cooficial no puede sustituir a la que une a todos»: piden un pacto nacional educativo para no excluir al español

Esta afirmación, de José Tomás Pastor, en nombre de este movimiento asociativo nacido en Alicante como plataforma en 2016 contra las normas de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, resume el espíritu de las primeras jornadas nacionales celebradas en San Juan y organizadas por Escuela de Todos.

«Hace falta un cambio en nuestro país», según Pastor, que también ha anunciado la puesta en marcha de una web para recoger las aportaciones de las familias y docentes, afectados por estas situaciones de discriminación de sus hijos o alumnos cuya lengua materna es el castellano, o que quieran enriquecer el debate con sugerencias y propuestas.

«Se esta excluyendo al español, no se puede estudiar en esta lengua en las Comunidades Autónomas bilingües», ha subrayado este portavoz de Idiomas y Educación, corroborado en la presentación del evento en Alicante por Ana Losada, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, surgida en Cataluña para reivindicar igualmente que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza.

Ambos han hecho hincapié en que se ha convertido en «una cuestión nacional» y Escuela de Todos canaliza esa unión de una veintena de agrupaciones regionales.

Después de la repercusión conseguida con este primer encuentro en Alicante, sus impulsores tienen ya «varias jornadas en mente, con el fin de empezar un diálogo con docentes, centros educativos y plantear propuestas para llegar a un acuerdo lingüístico», ha indicado Pastor.

El objetivo de este movimiento, que aglutina a afectados y testigos de la «exclusión o arrinconamiento del español en la mayoría de las autonomías con dos idiomas oficiales», según Losada, es seguir creciendo. De momento, en Alicante participaron en las jornadas representantes de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Navarra y el País Vasco.

Idiomas y Educación creó en 2017 el denominado 'Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular', junto con las confederaciones de Ampas en la Comunidad Valenciana Covapa -de la Educación pública- y Concapa (concertada) y presentaron un recurso en el Tribunal Superior de Justicia que permitió anular dicho decreto.

No obstante, esta asociación recuerda en su web que el Gobierno autonómico valenciano aprobó posteriormente la ley que sigue vigente, con los mismos objetivos que el decreto derogado de 2017, «todo ello siendo consejero de Educación Vicent Marzá, del partido Compromís, separatista y promotor de los países catalanes, con el beneplácito de Ximo Puig y del partido socialista en esta comunidad, cuya denominación es Partit Socialista del País Valencià».