El kilo de limones pasa de 0,6 a 3 euros al consumidor: agricultores culpan al Gobierno de no aplicar su propia ley

«Llama la atención que solamente se hayan impuesto 12 sanciones en toda España durante este tercer trimestre», han revelado desde esta organización profesional, sobre el escaso balance punitivo de los infractores. Además, ponen de relieve que esas escasas ocasiones en que sí se castiga a los infractores, se trata de «irregularidades habituales y abusos como no formalizar contratos por escrito, no incorporar precios en los mismos o no subir los contratos al AICA y la resistencia, obstrucción o negativa a aportar la documentación». En definitiva, cuestiones formales.

Más allá del ejemplo del limón, un cultivo que se concentra en Alicante y otras zonas mediterráneas, el problema resulta generalizado para todos los cultivos, a pesar de las esperanzas que había suscitado en el sector esta norma. «El sistema está fallando, las sanciones son insuficientes y no tienen efecto disuasorio. Además, no se protege adecuadamente a la producción agraria, al eslabón más débil de la cadena, dado que los abusos que sufrimos a diario los agricultores no están siendo atendidos por AICA», denuncian, en alusión a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«Tras un año 2024 muy negativo por la sequía, nos encontramos ante un escenario en el campo alicantino con perspectivas de buenas cosechas», relatan, acerca de la coyuntura favorable, pero lastrada por esta rémora y otras condicionantes. «No obstante, también estamos soportando unos elevados y crecientes costes de producción que ponen en riesgo nuestra rentabilidad, a pesar de tener una producción de calidad», detallan.

Y ponen el foco en el lastre de que no se respete la Ley de Cadena Alimentaria, sin mano firme del Ejecutivo central: «Estamos observando que se mantiene una desproporción excesiva entre el precio que se paga al agricultor y el precio que paga el consumidor por esos mismos productos».

Ante esta dinámica, reclaman que la AICA actúe de manera «decidida», corrija estos desajustes e intervenga para que no se desvirtúen estas buenas perspectivas de las campañas y se respete un precio «digno» en origen y una rentabilidad para los agricultores y ganaderos.

«Necesitamos una actuación más dinámica y decidida de AICA y reforzar su capacidad inspectora», ha reclamado el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu. «Los desequilibrios y los bajos precios en origen aparecen como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena y los agricultores están especialmente expuestos a la acción de las prácticas desleales», ha añadido, para concluir que «es importante actuar con más contundencia y promover lo antes posible un cambio de cultura en las relaciones comerciales».

Apunta expresamente a «obligar al operador con más poder, la gran distribución, a respetar y garantizar una renta digna para la producción» desde la Administración pública. De lo contrario, entre otras consecuencias, cada vez resultará más complicado el relevo generacional en el campo, al perder todo «atractivo» esta dedicación profesional, han augurado.