Juzgan a un millonario libanés por el primer caso de trasplante ilegal de órganos entre vivos detectado en España

El pasado mes de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconoció la legitimación de la abogacía del Estado para ejercer la acusación particular, en representación del Ministerio de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), después de que la Audiencia de Valencia rechazara su presencia en el juicio celebrado por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos.

Así, desde este lunes 24 de octubre hasta el viernes 28, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a los cinco acusados por, presuntamente, ofrecer dinero o trabajo a personas necesitadas para que algunas de ellas donase parte de su hígado al político libanés que estaba enfermo y necesitaba un trasplante. El Ministerio Público solicita provisionalmente tres años de prisión para el enfermo y siete para los otros cuatro acusados.

Se trata, pues, del primer caso de trasplante ilegal de órganos entre vivos detectado en España, el cual fue realizado en agosto de 2013. No obstante, corresponde al segundo que se juzga y condena en territorio nacional, después de que la Audiencia Provincial de Barcelona sentenciara en 2016 a cuatro hombres por tráfico ilegal de órganos y coaccionar a un extranjero en situación irregular que vivía en una vivienda ocupada para que donara uno de sus riñones.

Los hechos se remontan a abril de 2013, cuando el enfermo hepático, un alcalde de una ciudad libanesa, contactó con dos sobrinos suyos que vivían en España y regentaban una empresa en Novelda para que encontraran un donante vivo, «sabedor del prestigio de esta cirugía en nuestro país», según relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

Tanto los sobrinos como el hijo del enfermo y otro compatriota libanés comenzaron entonces las gestiones para «la materialización de dicho trasplante, con evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos», agrega la acusación pública. Así, contactaron con ocho candidatos, personas que eran «especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica».

A varios de ellos llegaron a pagarles las pruebas en diferentes clínicas médicas de España para conocer su compatibilidad como donantes con el paciente, algunos de ellas cifradas en más de 12.00 euros. Y en muchos casos, siempre según la versión de la Fiscalía, les ofrecieron dinero o trabajo, entre otras prebendas, a cambio de la donación. Ésta no se llevó a cabo porque los candidatos no querían asumir el riesgo o no fueron admitidos por los médicos, entre otras razones.

A una de las candidatas, una mujer de Valencia, le ofrecieron hasta 40.000 euros por donar parte de su hígado pero, pese a ser compatible, los acusados rechazaron el trasplante al aludir que había encontrado a otro varón al que preferían para acometer la operación. No obstante, le propusieron un total de 10.000 euros por aceptar un matrimonio de convivencia con un ciudadano libanés por las molestias causadas.

Incluso, contactaron con una mujer refugiada, la cual descubrieron en el hospital que se encontraba embarazada. Finalmente, ante la imposibilidad de hallar un candidato idóneo, un hospital de Barcelona hizo una nueva prueba al hijo del procesado y comprobó que podía ser donante de su padre, por lo que el trasplante entre ambos se realizó finalmente en agosto de 2013.

Todo ello, el enfermo y los otros cuatro acusados se sientan en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia esta próxima semana por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos.