Un tribunal popular juzga esta semana al que fuera secretario interventor de un Ayuntamiento de un municipio de Castellón por cobrar durante más de veinte años diferentes cantidades de dinero por realizar trámites del Registro Civil que eran gratuitos por ley.
Según expone la ... Fiscalía, el acusado habría cobrado hasta 1,5 euros por expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción a aquellos ciudadanos que lo requerían. No obstante, el dinero que les solicitaba lo administraba él mismo, destinándolo a la compra de material de oficina y u otros gastos ordinarios.
Por ello, un jurado popular le juzgará a partir del viernes 11 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón por un delito continuado de exacciones ilegales por, supuestamente, cobrar entre 1995 y 2016 tasas por formalizar trámites del Registro Civil que eran gratis según la normativa vigente.
Por ello, la Fiscalía pide para el procesado una pena de multa de 7.200 euros y la suspensión de empleo y cargo público durante un periodo de cuatro años.
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