El juez prorroga el secreto de los correos de Mónica Oltra y el resto de imputados tras ampliarse el periodo bajo lupa

En un auto fechado el 25 de febrero al que ha tenido acceso ABC, el magistrado señala que no han «variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones», por lo que es «necesario para el éxito de la instrucción» que no se dé traslado todavía a las partes.

Una extensión que llega pocas semanas después de que la Audiencia de Valencia ordenara incorporar también las comunicaciones oficiales que se intercambiaron los investigados entre octubre y diciembre de 2019. Estimaba así el recurso de apelación parcial presentado por la asociación Gobierna-te de Cristina Seguí -que ejerce la acusación popular- después de que el juez instructor dejará este espacio temporal fuera de las diligencias por las que abrió la pieza secreta el pasado mes de octubre.

En concreto, el 7 de noviembre de 2019 se celebró el primer juicio contra Icardi y el 2 de diciembre se publicó la sentencia en los medios. Fue entonces cuando la defensa del acusado pidió que se repitiera la vista oral al omitirse unos informes favorables al acusado -el polémico expediente- que el departamento autonómico que entonces dirigía Oltra aseguró que había enviado a la Fiscalía pero no se habían incluido entre la documentación a valorar por motivos que se desconocen.

Sin embargo, el Ministerio Público defendió que no tuvo constancia de su existencia hasta después de dictarse el primer fallo. El TSJ ordenó repetir el juicio parcialmente -sin el testimonio de la víctima- en dos sesiones en febrero y marzo de 2021, con idéntico resultado.

Hasta que la Audiencia de Valencia se pronunció al respecto a principios de este mes, el juez había acotado las pesquisas a aquellas comunicaciones cruzadas que tuvieran relación con los hechos denunciados por la víctima -la supuesta desprotección- en dos periodos clave del caso: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017 y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre del mismo año.

El primero contempla desde que la entonces niña de 14 años relató por primera vez los abusos hasta que el monitor -condenado a cinco años de cárcel, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo- regresó a su puesto de trabajo en el centro Niño Jesús de Valencia, al no darse credibilidad al testimonio de la víctima.

En el segundo, la Fiscalía ya conocía los presuntos abusos después de que la menor contara lo sucedido a dos policía nacionales. A partir de ahí, un juez dictó una orden de alejamiento, la exvicepresidenta valenciana conoció los hechos por su condición personal -según ratificó en sede judicial- y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abrió un expediente que el instructor cree que buscaba desacreditar a la joven, pues concluía que su testimonio no era creíble.

Esta pieza separada también ha motivado que los dos últimos investigados no hayan declarado todavía ante el titular de Instrucción número 15. Aunque fueron citados para hacerlo y tuvieron que personarse en el juzgado, ni el exjefe de gabinete Miquel Real ni el exsubsecretario de Igualdad Francesc Gamero quisieron responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de estas diligencias.

La instrucción de la causa general se prorrogó hasta abril y sigue su curso. En ella, además de Gobierna-te, también ejerce Vox la acusación popular, mientras la víctima está defendida por el letrado y líder de España 2000 José Luis Roberto.