El juez que investiga a Oltra prorroga la instrucción seis meses por su «complejidad»

En concreto, el magistrado sostiene que dos de los investigados quiere declarar y lo harán cuando dejen de ser secretas algunas de las piezas, lo que considera -entre otras- «diligencias esenciales» que justifican contar con más tiempo.

En un auto al que ha tenido acceso ABC -contra el que cabe recurso de reforma en un plazo aún no agotado que expira en tres días hábiles- el juez da respuesta a la petición de la acusación particular -la víctima de los abusos-, así como de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Gobierna-TE y Vox, y decide esta ampliación del plazos. Ante estas solicitudes del ministerio público y las acusaciones, ya había presentado alegaciones en contra la propia Oltra.

La exvicepresidenta, que se vio forzada a dimitir el pasado verano por la presión generado por este caso y la descartó como candidata a las elecciones autonómicas por Compromís, argumentaba ahora que no concurre ninguno de los requisitos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se concreta la existencia de diligencia de investigación pendiente de practicar y la relevancia de las mismas, todo ello sin perjuicio de la práctica de las ya acordadas, que no precisan de resolución.

Además, señaló que la «larga» y «excesiva» duración de la investigación, así como la naturaleza secreta de diversas diligencias constituyen, «cuando menos», anomalías procesales «que deben mantenerse con criterio restrictivo». De lo contrario, agregó, «se corre el riesgo de profundizar en una dinámica de causa general y de naturaleza prospectiva atentatoria de derechos fundamentales».

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia considera que en este caso «no es posible culminar la investigación dentro del plazo» establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y subraya que quedan pendientes «distintas diligencias de declaración de testigos».

Además, el magistrado recuerda la existencia de dos piezas secretas, «cuya prórroga se va acordando mensualmente», y ha apuntado que dos de las personas investigadas «han interesado prestar declaración cuando se levante el secreto parcial de las actuaciones».

En cualquier caso, el magistrado dice compartir el interés en «la más pronta finalización de la fase de investigación de la causa», pero subraya que las diligencias pendientes y las que se puedan derivar de las mismas para «el adecuado ejercicio de los derechos constitucionales» exige «la prórroga de la investigación».

Por último, argumenta que la «dilación» del proceso se debe a «la complejidad» de las diligencias y a que las mismas «deben sustanciarse en piezas separadas y secretas». No obstante, sostiene que toda esta situación «en modo alguno implica que se esté procediendo a una suerte de inquisición general» y defiende que todas las diligencias «se circunscriben al objeto de la investigación y se orientan al esclarecimiento de los hechos investigados».