La juez de la dana pide a la Generalitat las alertas rojas y los Cecopis de los últimos diez años

Así consta en el escrito, con fecha de este miércoles y consultado por ABC, mediante el que la instructora acuerda oficiar a la Generalitat a entregar tales datos sobre las alertas meteorológicas de mayor rango y las reuniones del Cecopi convocadas para ello.

Así lo ha acordado ante un escrito presentado por la representación de la investigada, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Por contra, ha decidido no incorporar un documento aportado por esta parte, que ya se denegó en junio, sobre los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de la licitación del servicio Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al no tener relación con el objeto de investigación.

En paralelo, ha dictado otra providencia en la que, ante el próximo vencimiento del plazo de instrucción el 30 de octubre, se dé traslado a las partes para que se pronuncien sobre una posible prórroga durante otros seis meses. Por supuesto, también al fiscal para que, en el plazo común de cinco días, puedan presentar alegaciones e informar sobre esa prórroga.

De igual manera, ha decidido que se designe intérprete de valenciano para las declaraciones testificales previstas los días 10 y 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Para esas jornadas, la magistrada ha citado como testigo, el día 19 a las 9.30 horas, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

También ha citado como testigos a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el 10, y un técnico forestal del propio Consorcio el día 3 de octubre. Ambas citaciones son también a las 9.30 horas. La designación del intérprete obedece a que los letrados de las defensas han manifestado en anteriores declaraciones testificales, como en el caso de la del presidente de la Diputació de Valencia, Vicente Mompó, no entender el valenciano.

Paralelamente a estas dos providencias, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se proveen diversos escritos de las partes y fija fechas para la declaración de tres testigos/perjudicados en septiembre relativas a piezas de fallecidos por la dana, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.