La juez de la dana cita a la operadora de la CHJ que gestionó el polémico aviso sobre la crecida del barranco del Poyo

Se trata del director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, Luis Gomis, y de una técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así lo ha acordado en una providencia la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la barrancada con 228 muertos en una causa penal abierta por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia. No hay fecha todavía para esas testificales.

Gomis firmó un informe incorporado al procedimiento -a raíz de un requerimiento de la magistrada sobre las medidas de control del barranco del Poyo- en el que señala que a las 11.54 horas del día de la barrancada envió una comunicación interna al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en la que ponía a su disposición a los agentes medioambientales para la colaboración en el Plan frente al riesgo de inundaciones. Ahí exponía que estos profesionales «tienen encomendada, junto a otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables».

Por su parte, la citación de la trabajadora de la CHJ, operadora de sistemas y documentalista del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), llega apenas once días después de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

Además de defender las decenas de avisos sobre precipitaciones que remitieron esa jornada, la técnico explicó que los datos de los medidores de caudales llegan a la sala de control de la Confederación con unos 20 minutos de retraso y que fue a las 17.55h cuando empezaron a ver que el barranco del Poyo empezaba a subir. En ese momento, con el dato de las 17.35h, se registraban 280 metros cúbicos por segundo. Cuarenta minutos después, ya eran 691.

«Iba muy rápido», relató ante los senadores, lo que hizo que tuviera que valorarse bien qué estaba pasando para certificar que los datos eran buenos. «Llego un momento en el que dijimos: este dato vamos a darlo por válido. Y fue cuando se mandó el correo electrónico de los 1.686», sostuvo.

Un email que, tal y como declaró un técnico del 112, llegó a las 18.43h a una sala del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana situada a muy pocos metros de la que albergaba la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

De acuerdo con las comparecencias que se han producido en sede judicial, nadie en ese organismo que dirigía la crisis llegó a leerlo, mientras las llamadas al 112 se sucedían advirtiendo de las catastróficas inundaciones.