El juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de Valencia ha citado a declarar a la Conselleria de Educación, Cultura por un recurso presentado por un estudiante de FP de Cheste que reclama hacer sus exámenes en castellano y en su ... centro se lo impiden.
Este caso se hizo famoso porque el alumno denunció que le expedientaron y le advirtieron de que tendría un 20% menos de nota por no hacer las pruebas en valenciano y asesorado por la asociación Hablamos Español registró sin éxito una reclamación y luego un recurso de alzada, que finalmente ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La Generalitat mantiene su posición de defender aquella negativa al alumno y está representada en este proceso por la Abogacía General, tal como ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Además de la advertencia verbal de esa penalización en sus notas, a este alumno le prohibieron la asistencia a algunas clases tras expedientarlo por considerar que había cometido «indisciplina» hacia un profesor, conducta que el joven negó y fue posteriormente descartado por no haberle llamado para conocerse su versión de los sucedido y poder defenderse.
La reclamación había llegado a esta instancia superior porque previamente la Conselleria había rechazado la petición del estudiante a examinarse en su lengua materna, y ahora ha superado otra «fase» judicial, según la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.
Después de la publicación en el DOGV el pasado 4 de noviembre, tanto el joven como la asociación que le asiste jurídicamente esperan ver atendida esta petición.
Otro caso similar
Hablamos Español mantiene otro recurso contencioso igual para otro estudiante y una vez que «se pronuncien» en la instancia judicial correspondiente, en esta entidad confían en que se siente un precedente para que otras familias puedan elegir la lengua en la que sus hijos hacen los exámenes.
Por el momento, la asociación proporciona a los afectados un formulario para poder presentar reclamaciones ante la Administración autonómica y también les ofrece asistencia jurídica si ven rechazada su solicitud, porque en muchos centros educativos sí las atienden y se zanja el problema.
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