Luz verde para que la juez de Catarroja se dedique en exclusiva a la causa de la dana

Así lo ha anunciado este domingo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en declaraciones a los medios. «Estaremos hasta el final con todos los recursos que hagan falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad», ha aseverado.

Según Morant, la firma de este refuerzo, solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se produjo el 7 de marzo, aunque «ya en el mes de noviembre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se sentó» el TSJ «para hablar de la necesidad de reforzar el juzgado de Catarroja con el objetivo de que no se desbordaran de trabajo dada la situación a la que seguramente se iba a enfrentar».

Sin embargo, horas después, fuentes del TSJ valenciano han matizado que la adopción de este tipo de medidas es «competencia exclusiva» del Consejo General del Poder Judicial, con la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, «quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria», según recoge la normativa vigente.

«La medida de refuerzo fue solicitada por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana y, una vez completados los trámites necesarios (que incluyen recabar informes del Servicio de Inspección y la autorización económica previa de Justicia) será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ el próximo martes 18», sostienen. Por tanto, la decisión definitiva no ha sido tomada todavía, aunque todo apunta a que la magistrada podrá liberarse del resto de asuntos ordinarios.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja tuvo que trasladar su actividad a la Ciudad de la Justicia de Valencia ante el estado en el que quedaron las instalaciones en el municipio tras la barrancada con 225 muertos y tres desaparecidos.

La instructora se mostró dispuesta en enero a asumir la competencia sobre las denuncias y querellas que siguen llegando a distintos órganos judiciales de la provincia de Valencia y que se van acumulando a las diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades del partido judicial de Catarroja.

La Fiscalía Provincial creó entonces un equipo de cinco profesionales, entre los que se incluyen especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal para colaborar con ella en una instrucción tan compleja, ante la cantidad de fallecidos y de acusaciones -particulares y populares- personadas. De momento, sólo constan como imputado la exconsellera con las competencias en emergencias Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

En los contundentes pronunciamientos que ha ido realizando en sus autos, la magistrada ha incidido en que las muertes se podían haber evitado -investiga sólo presuntos homicidios y lesiones por imprudencia- y en la falta de alertas a la población para que pudiera protegerse.

En un comunicado difundido el pasado 4 de marzo, el Ministerio Público señaló que comparte «en general, los criterios de la instructora especialmente respecto a la acotación, por el momento, de la investigación a las consecuencias lesivas sobre las personas (heridas y muertes) como consecuencia, en su caso, de conductas imprudentes».